Marruecos ante las urnas: Mohamed VI se juega mucho más que unas elecciones

El próximo 23 de septiembre, Marruecos va a celebrar sus sextas elecciones legislativas, en las que se elegirán 395 diputados que votan y legislan, pero que tienen una gran dependencia del Palacio, en donde Mohamed VI mantiene resortes claves del poder, tanto desde el punto de vista constitucional como en su papel en la economía. La Corona posee una estructura financiera en los sectores económicos del Reino cuantificada en unos 19.500 millones de dólares.

Estas elecciones están caracterizadas por una importante desafección ciudadana hacia la política, que con sus actuaciones ha generado una brecha social persistente en un país en plena transformación, pero que hasta la fecha no ha conseguido estructurar una sociedad equilibrada entre la modernización de los núcleos rurales y las ciudades, especialmente desde las expectativas de empleo, dando lugar a que la población joven del país mire hacia Europa como salida de cara a conseguir un mejor futuro. A esto hay que unir que las reivindicaciones de anexión de Ceuta y Melilla reavivan el discurso territorial como elemento de un planteamiento expansionista que también afecta a la situación del Sáhara como una región marroquí más.

Estas elecciones, que pueden marcar un antes y un después de cara al futuro de Marruecos, tienen como derivada ver hasta dónde puede mantener una legitimidad el régimen de Mohamed VI frente a una ciudadanía que detecta la distancia entre el país de las grandes inversiones y el de quienes aún buscan una oportunidad para marcharse, generando una cuestión que viene a ser fundamental respecto a cuánto de lo que ocurre en Marruecos permanece bajo control del Palacio y cuánto empieza a escaparse de las manos, con un movimiento islamista que hace llamamientos al boicot. Razón por la que el termómetro real de la política será comprobar cuánta gente vota y el convencimiento de que, a partir de las mismas, pueda cambiar algo el futuro.

En este sentido, hay que decir que, aunque el Gobierno necesita mayorías parlamentarias, la orientación estratégica del país sigue fuertemente influida por el Palacio, lo que limita la capacidad de una alternancia real que altere las grandes líneas actuales, dejando un margen bastante estrecho a la transformación. Además, la circulación de filtraciones sobre los métodos de la política y la Administración erosiona la imagen del país, proyectando una vulnerabilidad institucional, un daño evidente de cara a la modernización.

En el lado de la economía, hay que ver cómo la Corona mantiene intereses empresariales de gran magnitud a través de holdings como Al Mada, con participaciones relevantes en sectores estratégicos, dando lugar a que, a pesar de ser una economía de mercado, la Corona conserve una influencia excepcional de dirección, lo que hace que las grandes decisiones sigan vinculadas a la esfera real, hasta el punto de que se evalúa en unos 19.500 millones de dólares la cuantía de la participación de la Corona en el entramado económico y empresarial.

Actualmente, según estimaciones realizadas por el FMI, Marruecos puede llegar a un crecimiento del 4,4%, pero advierte de la necesidad de afrontar retos y numerosas reformas, en donde se dilucide cuál es el reparto de poder real entre el Estado, los actores privados y la esfera de la Corona.

Entre esos retos, el factor fundamental es la interpretación de ese reparto en zonas periféricas, en ciudades, ante unas generaciones que tienen poca paciencia para esperar que el crecimiento derrame beneficios, ya que existe una pugna desde las prioridades, los ritmos y la legitimidad.

A este respecto, Mohamed VI tiene previsto mantener después de las elecciones una gran cumbre con Francia, de cara a conseguir que el país galo sea el socio estratégico preferente de cara a la UE, junto con sus acuerdos con países como Estados Unidos, Israel y China, de cara a conseguir que Marruecos pase de ser un actor que fabrica barato a un país competitivo tanto en la economía como en la geoestrategia.

Por otra parte, dentro de ese intento por mejorar su situación reputacional, a Marruecos le preocupa enormemente lo que viene sucediendo con la guerra interna que se está produciendo entre los servicios de información de su país, que no es una mera pelea burocrática, sino más bien una pelea profunda entre estructuras de seguridad como la DGED y la DGST, a la que también se ha unido un grupo de hackers que hizo su primera aparición en abril de 2025 con filtraciones masivas respecto a la Administración marroquí y cuyo objetivo es influir en la sociedad, generando un daño reputacional desde las ramificaciones de antiguos agentes.

Esto genera un verdadero desafío político para Mohamed VI, dado que esta puede ser una manera de comprobar si el Estado puede controlar su propia información sin que facciones internas del mismo la utilicen unas contra otras, lo que podría influir muy negativamente en el marco de los posibles deseos de modernización del futuro del Reino.

Finalmente, en relación con las relaciones de Marruecos con España, cabe decir que esas guerras entre los servicios de información han generado situaciones como la invasión de Ceuta, que se han utilizado desde un planteamiento nacionalista y un intento de conseguir una unidad nacional desde el punto de vista político, en una sociedad que mira al futuro pero que está frenada por el presente, buscando un enemigo exterior que tape las realidades internas.

A pesar de esto, Marruecos es consciente de que necesita mantener unas buenas relaciones con España tanto en lo económico como en lo político, ya que necesita a España como un socio favorable a sus intereses, pero reservándose la capacidad de ejercer una presión política cuando lo considere necesario. Aunque desde el nacionalismo la reivindicación de Ceuta y Melilla solo puede servir como una palanca retórica interna, existe la convicción de que una ruptura prolongada de sus relaciones tendría un coste elevado para sus propios objetivos estratégicos, en donde pretende poner límites a la relación, intentando influir en España, ya que la manera de hacer política desde el Estado español ha pasado de las negociaciones bilaterales a la europeización de los asuntos que afectan a ambos países.