Óscar Puente pagó un 72% más por mascarilla a su amigo del yate que el PNV

Óscar Puente, apóstol de la rectitud frente a Feijóo, pagó con fondos del Ayuntamiento de Valladolid a su empresario amigo, Sergio Zaitegui, 3,35 euros por cada mascarilla KN95 en abril de 2020. Casualmente, un organismo dependiente de la diputación de Vizcaya, presidida por el PNV, se las compró a 1,95 euros dos meses después. Un 72% menos.

Zaitegui todavía fue más generoso con su municipio de nacimiento, Balmaseda, a cuyo ayuntamiento regaló 5.000 mascarillas quirúrgicas. Puente también le compró guantes de vinilo en 2020. Cada uno le costó 0,18 euros. Al cliente vasco le cobró sólo 0,14 euros por unidad. Nuevamente el alcalde de Valladolid pagó significativamente más a su amigo que la diputación vizcaína. Un 28,5% más.

En este caso sí se dan las dos premisas: Puente sí ordenó contratar a su amigo y el amigo le financió un viaje en yate. Hay pruebas de ambos elementos. Y así lo bendijo la justicia cuando exoneró al exalcalde de Valladolid.

Fiasco notable. Puente pagó por 15.000 mascarillas 50.250 euros. Y la diputación vizcaína abonó menos (48.758 euros) por una cantidad mayor de mascarillas: 25.000. Valladolid perdió 10.000 mascarillas con casi igual precio.

Precio por mascarilla abonado por Puente al  empresario amigo (3,35 euros).

El contrato de Puente sería uno más de la pandemia (urgentes, a dedo, precios desorbitados…) si no fuera por dos hechos. La justicia probó que le unía una amistad con el contratista. Y que directamente organizó y tramitó el contrato.

Datos que la magistrada juzgó irrelevantes. Al contrario. Ensalzó tal amistad entre alcalde y contratista. “Posibilitó responder a la urgente necesidad de medios de seguridad para el personal público”. El alcalde hizo bien en “tirar de amistades” y adjudicar a dedo un contrato de 195.000 euros.

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El segundo punto polémico acreditado y bendecido por la juez fue el regalo del empresario al alcalde tras dicho contrato. Un crucero en un yate de lujo durante los días 21 y 22 de septiembre de 2020 por Ibiza. No años antes, tras el contrato.

La juez no vio cohecho. “No puede entenderse acreditado que el investigado Zaitegui agasajara por razón de su cargo público a Puente, mediante la invitación en un barco de recreo en Ibiza, y que por tanto se haya atacado el bien jurídico protegido por el tipo penal cual es el prestigio y eficacia de la Administración Pública y la recta imparcialidad de los servidores públicos”. Avaló que “el encuentro de los investigados respondía a su estrecha relación”.

El fiasco es notable. Puente pagó por 15.000 mascarillas 50.250 euros. Y la diputación vizcaína abonó menos (48.758 euros) por una cantidad mayor de mascarillas: 25.000. Valladolid perdió 10.000 mascarillas con casi igual precio.

El alquiler del barco fue abonado “a título particular” por Sergio Zaitegui “no en representación de la sociedad citada”. Esto a la juez le pareció definitivo. La contratista no financiaba el yate al alcalde; el empresario, sí. Muy tranquilizador. Pero Puente no pidió mascarillas a la empresa, sino a Zaitegui.

“Pagué mi viaje, los víveres de uno de los dos días de navegación, las cenas, las comidas…, obviamente me subí a un barco que no era mío y no lo pagué yo”, admitía Puente.

“¿Me tengo que arrepentir de ir con mis amigos donde me da la gana? ¿de haber conseguido EPIS cuando nadie lo hacía, a un precio menor de lo que pagó la Junta un mes después y sin estafas?”, clamaba el aún alcalde.

Pero pagó más de lo que cobraba su contratista en Euskadi. Menudo amigo. Zaiglobal, la firma de Zaitegui, ha declinado explicar la diferencia de precios cobrada a Puente y a la diputación vizcaína.

La autocomplacencia socialista con este escándalo de su portavoz emergente contradice su actuación política y jurídica. El PSOE pidió tres años de cárcel, ocho de inhabilitación y multa de 46.074 euros para Francisco Camps por cohecho. No creyeron altruistas los presuntos regalos de Álvaro Pérez, el Bigotes.

Precio pagado por la diputación de Vizcaya al mismo empresario (1,95 euros). 

Pero cuando Puente es agasajado por el contratista al que ha inyectado a dedo meses antes 195.000 euros de dinero público...es pura amistad. Atrás queda el cohecho impropio achacado a Camps, soborno sin contrapartida. Fue exonerado porque no hubo prueba de los pagos de los trajes ni de su relación con los contratos bajo sospecha de Gürtel.

La autocomplacencia socialista con este escándalo de su portavoz emergente contradice su actuación política y jurídica. El PSOE pidió tres años de cárcel, ocho de inhabilitación y multa de 46.074 euros para Francisco Camps por cohecho. No creyeron altruistas los presuntos regalos de Álvaro Pérez, el Bigotes.

Pero en este caso sí se dan las dos premisas: Puente sí ordenó contratar a su amigo y el amigo le financió un viaje en yate. Hay pruebas de ambos elementos. Y así lo bendijo la justicia cuando exoneró al exalcalde de Valladolid.

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Ningún clamor de PSOE o Sumar contra el portavoz socialista de la embestidura que navega en yate de contratista amigo. Sí les vale como prueba acusatoria contra Feijoó una foto de 1995 y un libro. Puente en su discurso contra el líder del PP no aportó dos elementos como los que pesan sobre él: contrato y foto en yate del empresario financiado. Lástima que no lo cite Fariña.