Retraso generalizado: dos de cada tres ciudades no cumplen con las zonas de bajas emisiones

Actualmente solo uno de cada tres municipios españoles que están obligados a establecer zonas de bajas emisiones han aplicado la normativa en sus calles.

Así, de las 149 ciudades que deben aplicar la ordenanza, sólo 55 han hecho los deberes (un 37%), según datos recopilados por Velca, fabricante español de motos eléctricas, a partir de informes del RACE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Real Decreto 1052/2022 establecieron la obligatoriedad de estas zonas restringidas al tráfico más contaminante. Sin embargo, la lenta y desigual aplicación práctica de estas áreas de bajas emisiones está ralentizando la movilidad eléctrica.

Sin embargo, incluso en las ciudades donde ya están activas, las zonas de bajas emisiones han demostrado tener una utilidad limitada. En muchos casos abarcan áreas muy reducidas, afectan a un número escaso de vehículos y carecen de un sistema sólido de control y sanciones, lo que reduce de forma notable su eficacia real. 

Además, la ausencia de alternativas de transporte público de calidad en algunos municipios resta sentido a una medida que, sobre el papel, busca mejorar la calidad del aire pero que en la práctica genera dudas sobre su verdadero impacto.

Ausencia de incentivos

Para la compañía española Velca, la lentitud de la Administración no solo se refleja en la implantación de las ZBE, sino también en el diseño de planes de "incentivos eficaces, en la entrega de las ayudas y en el desarrollo de una infraestructura de recarga suficiente".

"Más de un millón de motos circulan en España sin etiqueta ambiental. Parece que las preocupaciones sólo se centran en los coches, pero hay un enorme desconocimiento sobre el etiquetado en las motos. Necesitamos acelerar la electrificación y para eso hace falta decisión política. Asimismo, crear un clima de confianza, información y facilidades para los ciudadanos es esencial", ha expresado el consejero delegado de Velca, Emilio Froján.

Asimismo, la entidad dirigida por Froján reclama un plan de incentivos directos e inmediatos para aligerar los tiempos de espera de dos años que de media tardan los españoles en recibir el Plan Moves III.

A esto hay que sumarle que todavía hay diez comunidades como Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y la ciudad autónoma de Melilla que "no han cumplido y mantienen bloqueado el plan de incentivos para la electromovilidad", manifiestan.

Por su parte, en los territorios que sí publicaron sus convocatorias de ayudas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en apenas unas semanas se agotaron los fondos públicos disponibles, abriéndose una lista de espera para todos aquellos usuarios que solicitaron las ayudas posteriormente.

Por otro lado, reclaman a la Administración una desarrollo eficaz de la infraestructura de recarga para motos y ciclomotores eléctricos a la par que el de turismos. Como propuesta, la firma española de motocicletas sugiere "aumentar la instalación de enchufes domésticos de 220V en espacios comunes como calles, garajes y viviendas pensando en la movilidad de dos ruedas".

Así, defienden que a través de una estructura de bajo coste, se podrían cargar motos y ciclomotores en pocas horas. Para los usuarios, la puesta en marcha de estas áreas debe suponer una reducción de la contaminación y una mejora de la calidad del aire, y también un entorno urbano más saludable, con menos ruido y tráfico más ordenado. Además, a medio plazo incentiva la renovación del parque automovilístico hacia vehículos más limpios y eficientes, lo que se traduce en un ahorro económico en combustible y en una movilidad más sostenible.