El enfado del presidente de la Diputación por la denuncia de una alcaldesa

La variante de Pedralba se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y en una de las infraestructuras más mediáticas de la institución provincial. Tras más de siete años con las obras paralizadas, el hastío acumulado ha llegado al punto de que el propio Gaspar no duda en mostrar públicamente su enfado cada vez que aparece este asunto en las sesiones plenarias.

De hecho, en una de sus recientes intervenciones utilizó un tono encrespado y de indignación para afear a la alcaldesa de Pedralba, Sandra Turégano, haber judicializado la polémica cuando “es este organismo el que vela por los intereses del municipio y pone el dinero”. “Si es así como busca a los aliados, no sé cómo le llegarán los enemigos”, le recrimina Gaspar. 

La primera edil de Pedralba consideró que existían indicios de irregularidades y posible prevaricación al considerar que no habían criterios técnicos que justifiquen el retraso de las obras, aunque la Conselleria de medio ambiente, que dirige Mireia Mollà, pidió buscar otras infraestructuras alternativas que respeten el entorno ambiental. Por ello, Gaspar insiste en que seguirá trabajando “dentro de la legalidad”, le guste o no, y al margen de las opiniones que puedan tener otras instituciones o partidos políticos. “Lo que marca es la legalidad, que en ocasiones se convierte en algo muy complicado. Sino que se lo digan al Consejo General del Poder Judicial y la que tienen liada las altas esferas, a pesar de que la Constitución dice muy claro lo que tienen que hacer”, alega Gaspar en alusión a la demora en la elección de los nuevos jueces.

No en vano, Gaspar ha culpado en reiteradas ocasiones a la consellera Mollà del retraso en las obras de Pedralba y cree que su actitud es "lamentable" porque se niega a elaborar un informe que avale las obras, como pide la Diputación. También insiste en que su intención es iniciar las obras cuanto antes, pero para ello es necesario -según él- que la Generalitat avale su legalidad.