María Jesús Montero desata la ira del mundo judicial al cuestionar la presunción de inocencia en el caso Dani Alves

La vicepresidenta del Gobierno recibe una avalancha de críticas de jueces, magistrados y juristas tras calificar de “vergüenza” la absolución del exfutbolista, en un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús MonteroEuropa Press

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Félix Hernández

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María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha encendido todas las alarmas en el ámbito judicial tras sus declaraciones sobre la absolución de Dani Alves, el exfutbolista del FC Barcelona acusado de agresión sexual. 

En un acto del PSOE durante el 16º Congreso Provincial en Jaén, este sábado, Montero no ha dudado en calificar de “vergüenza” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha revocado la condena de Alves, y ha cuestionado que se priorice la presunción de inocencia sobre el testimonio de una víctima. 

“Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos”, ha afirmado, añadiendo un mensaje de apoyo: “Estamos contigo”. Sus palabras han desatado una reacción unánime y contundente desde el mundo judicial, que ve en ellas un ataque directo a uno de los pilares del Estado de Derecho y una nueva injerencia política en la justicia.

La vicepresidenta, una de las figuras más destacadas del Gobierno de Pedro Sánchez, ha recibido un auténtico vapuleo desde el ámbito jurídico, con críticas que no solo cuestionan su postura, sino que alertan sobre las consecuencias de este tipo de discursos para la democracia española.

El mundo judicial clama contra Montero

La reacción del poder judicial no se ha hecho esperar. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decana de los jueces de Madrid, ha sido una de las primeras en pronunciarse. En su cuenta de X (@BarcoChus), del Barco ha calificado las declaraciones de Montero como “la barbarie”, un término que refleja el sentir de muchos jueces.

La APM, la principal asociación de jueces de España, ha sido históricamente un baluarte en la defensa de la independencia judicial, y su presidenta no ha dudado en señalar el peligro de que cargos públicos cuestionen sentencias para ganar rédito político.

Otro magistrado que ha alzado la voz ha sido MagistraThor, juez de la Audiencia Provincial de Madrid, quien en X (@MagistraThor) ha expresado su “profunda preocupación por el futuro de nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia”. “Sé que la degradación institucional de España se viene produciendo inexorablemente desde hace años, pero estas declaraciones nos hacen tocar fondo”, ha escrito, en un mensaje que ha resonado entre sus colegas. Su referencia a la “degradación institucional” no es baladí: España lleva años bajo el escrutinio de organismos internacionales por la percepción de injerencia política en la justicia, un problema que se agrava con episodios como este.

José María de Pablo, un conocido abogado penalista, también se ha sumado a las críticas desde su cuenta de X (@chemadepablo). Citando el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Pablo ha recordado que la presunción de inocencia es un derecho inalienable: “No es un privilegio, es un derecho. Sin él, cualquiera puede ser condenado sin pruebas”. El letrado, que también ha mencionado la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha advertido que cuestionar este principio abre la puerta a la arbitrariedad y pone en riesgo la justicia.

Una avalancha de críticas en redes sociales

Las críticas no se han limitado a las figuras más destacadas del ámbito judicial. En redes sociales, abogados, juristas y ciudadanos han expresado su indignación. EGP Abogados (@EGPABOGADOS) ha señalado que “el asunto es más delicado de lo que parece”, mientras que dura lex sed lex (@duralexsedlex) ha tildado la situación de “absolutamente patética” e “inaceptable”.

La lucha de un padre (@LaLuchaDePapa) ha ido más allá, planteando una pregunta que muchos comparten: “¿No se puede hacer algo a nivel judicial ante tal ignominia? Que cargos públicos hagan este tipo de declaraciones debería

ser perseguido. ¿A dónde vamos a llegar por un puñado de votos?”.

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Otros usuarios, como Tekio73 (@Tekio73), han apuntado a un problema más profundo: “Ciertamente es grave, pero aún más grave me parece que por la red haya leído a alguna jueza con los mismos argumentos que la ministra”. Tekio también ha cuestionado el manejo del primer juicio de Alves, preguntándose qué han hecho los jueces iniciales al pasar por alto pruebas contradictorias, como el semen en la boca de la denunciante, que ella ha negado.