Una plataforma de juristas denuncia ante la UE las injerencias del Gobierno y del TC en el Poder Judicial

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha mantenido este 1 de abril de 2025 una reunión virtual con representantes de la Comisión Europea encargados de elaborar el informe anual sobre el Estado de Derecho. Durante el encuentro, la PCIJ expresó su preocupación por los recientes ataques a la justicia española y presentó alegaciones detalladas sobre diversas cuestiones que afectan a la independencia judicial en España.

Entre los temas abordados, la PCIJ destacó las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, cuestionando el principio de presunción de inocencia, y las supuestas maniobras del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para impedir que la Audiencia Provincial de Sevilla eleve cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, se señaló que el Fiscal General del Estado está siendo investigado por delitos relacionados con una trama de corrupción cercana al Ejecutivo español, lo que, según la plataforma, pone en entredicho la independencia de la Fiscalía.

La PCIJ también alertó sobre intentos de politizar el acceso a la carrera judicial mediante la eliminación del sistema de oposiciones, y presentó informes jurídicos con propuestas de reformas legislativas destinadas a combatir la corrupción sistémica en el ámbito judicial.

En cuanto a la implementación de las recomendaciones del Informe sobre el Estado de Derecho de 2024, la plataforma manifestó una valoración negativa. Aunque en 2024 se renovó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los 20 vocales fueron designados por las Cortes Generales a propuesta de los partidos políticos mayoritarios, manteniéndose así la influencia política en el órgano de gobierno de los jueces. Además, la recomendación de adaptar el sistema de elección de los vocales judiciales a los estándares europeos, permitiendo su designación por sus pares, no se ha cumplido. 

La división del CGPJ en bloques según afinidades políticas ha dificultado el consenso para reformar el sistema y para cubrir las numerosas vacantes en altos cargos judiciales.

Respecto a la Fiscalía General del Estado, la PCIJ criticó la falta de garantías de independencia e imparcialidad, señalando que su actuación se basa en la dependencia jerárquica y en una relación estrecha con el Gobierno, más allá de su nombramiento.

La PCIJ ha puesto a disposición de la Comisión Europea sus alegaciones escritas y ha reiterado la necesidad de reformas que garanticen la independencia judicial y fortalezcan el Estado de Derecho en España.