GUERRA SUCIA CONTRA AYUSO
Mientras Sánchez le sostiene, jueces y fiscales ponen el grito en el cielo: "El fiscal general tiene que dimitir"
"Va a quedar gravemente comprometida la imagen de la Fiscalía. Creo que la situación es insostenible", asegura Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales. "Ahora mismo hay indicios y no meras conjeturas de que ese señor -Álvaro García Ortiz- está involucrado en actividades delictivas graves", recuerdan también otros magistrados.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Le usan de cortafuegos, pero está tan achicharrado que todo el que se acerca a él para echarle un capote acaba desprendiendo un inconfundible tufo a humo. Félix Bolaños, Óscar López, Fernando Grande-Marlaska u Óscar Puente, entre otros. Mientras el presidente guarda silencio a la espera de que los españoles le pidan perdón al fiscal general del Estado, su 'guardia de corps' sale en tromba, tratando de defender lo indefendible.
Procesado por revelación de secretos y señalado por el Tribunal Supremo en un auto demoledor, Álvaro García Ortiz se aferra al cargo mientras Pedro Sánchez hace oídos sordos y la Fiscalía se resquebraja. La institución, ya erosionada, entra en un zona de descrédito inexplorada y con una muy difícil salida.
Asumiendo aún el contenido del escrito del magistrado Ángel Luis Hurtado que lo sienta en el banquillo por revelar datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz sigue en su despacho, como si nada. Aunque lo cierto es que nada es igual: la Fiscalía está en shock, los jueces hablan de "indecencia institucional" y las asociaciones de fiscales exigen su salida inmediata. Solo Pedro Sánchez, una vez más, opta por mirar para otro lado, buscando el blindaje.
Las asociaciones de fiscales piden su "dimisión"
Ante este nuevo paso judicial que acorrala a la cabeza visible de la Fiscalía General el Estado, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz.
"Va a quedar gravemente comprometida la imagen de la Fiscalía. Creo que la situación es insostenible", asegura la portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que considera que García Ortiz no puede mantenerse en el cargo después de haber sido procesado porque sería "una causa absoluta de sonrojo y de vergüenza".
Dexeus lanza una pregunta que ahora mismo sobrevuela este proceso judicial y que apunta al Ministerio Público: "¿Quién va a creerse que ese fiscal actúa de forma independiente, de forma imparcial, con neutralidad, si quien está sentado en el banquillo es su superior jerárquico?"
Además, desde su punto de vista, Dexeus considera que si García Ortiz no dimite "puede dar lugar" a "una situación paradójica, que es que como fiscal general deberá de suspender de sus funciones a la coprocesada", la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. "Y él, como no hay disposición estatutaria en tal sentido, puede mantenerse en el cargo sin dimitir", ha criticado.
Los jueces le invitan a marcharse
Lo explica también con absoluta claridad Jesús Manuel Villegas, magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica Independencia Judicial. "Ahora mismo hay indicios y no meras conjeturas de que ese señor -Álvaro García Ortiz- está involucrado en actividades delictivas graves". Y añade: "¿Qué significa eso? Pues que ha perdido el crédito y la confianza que una institución de tan alta categoría necesita para seguir ejerciendo sus funciones con normalidad".
"Por lo tanto, desde un punto de vista objetivo no puede seguir ejerciendo su función". "Los españoles no podemos seguir teniendo confianza en él", sentencia Villegas.
Del mismo modo, el juez y presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, insiste en esta idea. Preguntado por qué nota le daría ahora mismo al Poder Judicial en España, no tiene duda alguna: "Ahora mismo le pondría un suspenso". Y recuerda que este miércoles habrá un paro de 10 minutos como señal de protesta contra reformas que afectan la independencia judicial y la estructura de la Fiscalía, demandando la retirada de los proyectos legislativos propuestos por este Ejecutivo de coalición.