Audiencia Nacional prolonga investigación contra ETA por un brutal atentado que acabó con una niña

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado extender por seis meses más la investigación sobre la presunta implicación de los máximos responsables de la organización terrorista ETA en el atentado perpetrado contra la casa-cuartel de Santa Pola, en Alicante, el 4 de agosto de 2002. Esta decisión se toma debido a la necesidad de tomar declaración a varios exmiembros de la banda, cuyos interrogatorios están programados para el próximo mes de octubre.

Según un auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción Número 1 ha adoptado esta medida tras la solicitud presentada por la Fiscalía y la acusación ejercida por la asociación Dignidad y Justicia, que representa a las víctimas.

El magistrado Francisco de Jorge, encargado del caso, fundamenta la prórroga en la "evidente imposibilidad" de concluir la investigación durante el mes de agosto, considerando que extender el plazo hasta febrero de 2026 es una decisión "razonable y realista" para garantizar el correcto desarrollo del proceso.

En su resolución, el juez destaca que, para avanzar en la instrucción de la causa, es fundamental llevar a cabo los interrogatorios de los investigados, los cuales están previstos para los días 20 y 21 de octubre. Asimismo, el magistrado indica que aún debe pronunciarse sobre la "pertinencia" de incorporar al procedimiento las declaraciones testificales propuestas por la acusación popular, lo que también justifica la necesidad de más tiempo.

Un atentado con dos víctimas mortales

Esta investigación se centra en esclarecer la posible responsabilidad de la cúpula de ETA en un atentado que tuvo consecuencias devastadoras, al causar la muerte de Silvia Martínez Santiago, una niña de seis años, y de Cecilio Gallego, un hombre de 57 años.

El anterior juez instructor, Manuel García Castellón, señaló en su momento que, tras un análisis exhaustivo de la estructura y el funcionamiento interno de ETA, caracterizado por una disciplina casi militar, se concluye que el atentado de Santa Pola fue una decisión tomada por la dirección de la banda terrorista.

Según las investigaciones, este ataque habría sido planificado como una medida de "presión y castigo" con el objetivo de contrarrestar el proceso de ilegalización de Batasuna, que ya estaba en marcha antes del atentado, en el contexto de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos. De este modo, el atentado no habría sido una reacción al proceso de ilegalización, sino una acción premeditada por la cúpula de ETA.

Terroristas implicados

En relación con este caso, la Audiencia Nacional ya dictó sentencia en 2012, condenando a los etarras Andoni Otegi Eraso, conocido como 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, alias 'Peio', a un total de 843 años de prisión. El tribunal consideró plenamente probado que ambos fueron los autores materiales del ataque perpetrado mediante un coche-bomba.

El año pasado, la Audiencia Nacional procesó a dos exdirigentes de ETA, Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', y Ramón Sagarzazu, conocido como 'Ramontxo', por su presunta implicación en la planificación y ejecución de este atentado. Además, figuran como investigados otros antiguos miembros de la cúpula de la organización, como Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; Juan Antonio Olarra Guridi, conocido como 'Juanvi'; Félix Ignacio Esparza, alias 'Navarro'; y Ainhoa Múgica, alias 'Olga'.

La extensión de la investigación busca esclarecer el grado de responsabilidad de estos líderes en los trágicos acontecimientos de Santa Pola, en un esfuerzo por garantizar justicia para las víctimas y sus familias.