Escándalo en la vuelta ciclista
Marlaska es el culpable: la Policía denuncia que el Gobierno les impidió controlar a los manifestantes
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) exige la dimisión del Delegado del Gobierno en Madrid. Acusa al responsable del dispositivo de seguridad de prohibir el uso de material antidisturbios, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos y agentes durante los violentos altercados en la Vuelta Ciclista. Hay 22 agentes heridos.
Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España
El caos desatado ayer en el centro de la capital durante la etapa final de La Vuelta Ciclista a España ha desatado una tormenta de indignación en el seno de la Policía Nacional. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ha emitido un durísimo comunicado en el que señala directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como responsable de un dispositivo de seguridad “totalmente insuficiente” que derivó en 22 agentes heridos, dos detenidos y la cancelación de la carrera. Según el sindicato, el Gobierno “ató de pies y manos” a los agentes, impidiéndoles actuar con los medios necesarios para controlar a los manifestantes propalestinos que lanzaron objetos contundentes contra las Unidades de Intervención Policial (UIP).
El SUP no duda en calificar lo sucedido como una “humillación” para la Policía Nacional y un “desastre” para la imagen internacional de España. En su comunicado, acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “alimentar” las protestas con fines políticos y a Marlaska de “mirar hacia otro lado” ante las demandas históricas de los agentes por más recursos y mejores condiciones. “Lo ocurrido ayer demuestra que se buscó cortar la Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, los ciudadanos y la propia Policía, todo por conveniencia política”, sentencia el sindicato.
El origen del conflicto radica en la gestión de una manifestación propalestina que, según los informes, derivó en actos violentos cuando los participantes comenzaron a arrojar objetos contra los agentes desplegados en la Gran Vía. La respuesta policial, sin embargo, estuvo limitada desde el principio. El SUP denuncia que se prohibió expresamente a las UIP emplear material antidisturbios, como pelotas de goma o gases lacrimógenos, incluso cuando los ataques se intensificaron. Esta restricción, aseguran, dejó a los agentes en una posición de extrema vulnerabilidad, enfrentándose a una turba sin los medios adecuados para protegerse o restablecer el orden.
“Lo ocurrido ayer demuestra que se buscó cortar la Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, los ciudadanos y la propia Policía, todo por conveniencia política”
“En condiciones normales, con un dispositivo bien dimensionado y sin restricciones políticas, la Vuelta nunca se hubiera suspendido”, afirma el SUP. La cancelación de la etapa final, un evento de relevancia internacional, no solo supuso un golpe para el prestigio deportivo de España, sino que también puso en riesgo la seguridad de miles de espectadores y participantes. El sindicato subraya que el Código Penal contempla sanciones específicas para quienes alteran eventos deportivos, pero lamenta que “los criterios operativos y la seguridad ciudadana se doblegaron ante intereses políticos”.
La indignación policial ha llegado a tal punto que el SUP exige la dimisión inmediata del Delegado del Gobierno en Madrid, a quien responsabilizan directamente del “desastroso” dispositivo de seguridad. Según el sindicato, las órdenes de no usar medios antidisturbios emanaron de la Delegación, una decisión que “puso en peligro la vida de miles de personas y de los propios agentes”. Además, anuncian acciones legales contra el responsable y convocatorias de concentraciones para protestar por lo que consideran una “inacción” del Gobierno que menoscaba la dignidad del cuerpo.
Este episodio se suma a una serie de críticas del SUP hacia la gestión de Marlaska, especialmente en lo que respecta a la falta de efectivos y recursos para las UIP. Apenas unas horas antes de los altercados, el sindicato ya había convocado una protesta frente al Complejo Policial de Moratalaz para denunciar el “abandono” de estas unidades. Ahora, con 22 compañeros heridos y un evento internacional interrumpido, el SUP eleva el tono y advierte: “No permitiremos que la Policía sea utilizada como moneda de cambio para cálculos políticos. Exigimos respeto y condiciones dignas para garantizar la seguridad de todos”.