El juez Villegas, de violencia de género, clama contra la politización del dolor de las víctimas y reconoce el problema: "Los fallos son crecientes"

El magistrado Jesús Villegas, especializado en la jurisdicción de violencia sobre la mujer, ha elevado su voz para condenar el uso partidista de un tema tan delicado como la seguridad de las víctimas de maltrato. "Me repugna que estas materias se utilicen en la lucha partidista", declara el juez con una franqueza que pone el foco en lo esencial: la protección de las mujeres afectadas. En su análisis jurídico, Villegas desglosa el escándalo de las pulseras electrónicas –dispositivos telemáticos que monitorean el cumplimiento de órdenes de alejamiento–, cuyo mal funcionamiento ha expuesto a cientos de víctimas a riesgos innecesarios en España.

Villegas explica con claridad el mecanismo de estos aparatos. No son simples pulseras, sino tobilleras discretas que porta el presunto agresor, interconectadas con un dispositivo que lleva la víctima. Su función es vigilar el radio de exclusión establecido por el juez –habitualmente 500 metros, aunque adaptable al caso–, alertando al Centro de Seguimiento Cometa si se produce una aproximación. "Cuando funciona correctamente, si se rebasa el radio, el dispositivo da aviso a la Policía y al juzgado", precisa el magistrado. Crucialmente, añade que "la mera circunstancia de penetrar en el radio de exclusión ya es un delito en sí mismo", sin necesidad de que medie contacto o agresión.

El problema surge con los fallos técnicos, que Villegas califica de "crecientes". En casos de "silencio indebido", la víctima queda desprotegida ante un acercamiento real. Por el contrario, los falsos positivos activan alarmas infundadas, consumiendo recursos policiales y judiciales que podrían destinarse a situaciones genuinas, e incluso derivando en imputaciones injustas. "Si el dispositivo falla, tenemos un problema grave por un lado, porque las víctimas pueden quedar desprotegidas", advierte el juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 7 de Madrid.

Remite a las advertencias de los presidentes de las Audiencias Provinciales en su reunión de 2025, donde se denunciaron estas anomalías. No entra en detalles sobre proveedores o contratos –"eso corresponde al poder político"–, pero exige con firmeza: "Los jueces, fiscales, policías y ciudadanos debemos reclamar medios materiales para nuestro trabajo".

Para ilustrar la urgencia, Villegas recurre a un símil contundente: "Imaginemos a un cirujano en una operación con instrumental defectuoso. ¿Nos pondríamos a discutir culpas? No: el médico tiene derecho a que funcione". El énfasis está en la integridad de las víctimas, no en la confrontación política. "La seguridad de las mujeres es un asunto muy sensible en el que únicamente debería preocuparnos la protección de las víctimas", insiste, criticando las declaraciones de algunos dirigentes que minimizan el escándalo. "¿Pocos casos? Con una sola mujer en riesgo ya es intolerable. ¿No ha habido muertes? No esperemos a que la sangre llegue al río". Estas palabras resuenan como un imperativo ético en un contexto donde la violencia machista ha cobrado más de 50 vidas en lo que va de año.

Villegas, en su rol como secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, cierra con un llamado a la confianza y la solidaridad: "Fiscales, policías y jueces estamos en vanguardia, poniendo todo de nuestra parte. Los problemas se resolverán". Mientras tanto, apela a la "solidaridad máxima con las víctimas". Su mensaje trasciende el debate técnico: es un recordatorio de que la Justicia no puede fallar en su misión primordial. En un país marcado por esta lacra social, las palabras del juez urgen una reforma inmediata, libre de partidismos, para que la tranquilidad de las víctimas "no tenga precio".