ESPOLÍTICA
La audiencia Nacional ya investiga los pagos del PSOE: ¿Hay una "Caja B" o es víctima de blanqueo?
El programa ‘ESpolítica’ de ESdiario TV analizó este fin de semana la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre los presuntos pagos irregulares del PSOE. El abogado Eduardo Ruiz Olmo, de Fuster Fabra Abogados, explicó que el caso se encuentra en una fase inicial y detalló que el Supremo ha solicitado investigar movimientos de dinero en efectivo que podrían tener “especial relevancia y trascendencia”.
El programa ‘ESpolítica’, emitido cada fin de semana en ESdiario TV, centró su última edición en una cuestión de máxima actualidad judicial: la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre los presuntos pagos irregulares vinculados al PSOE. Bajo el título “La Audiencia Nacional ya investiga los pagos del PSOE: ¿Hay una Caja B o es víctima de blanqueo?”, el espacio contó con la participación del abogado Eduardo Ruiz Olmo, Asociado Fuster Fabra Abogados, quien analizó los últimos movimientos procesales del caso.
Ruiz Olmo explicó que “en primer lugar, tenemos que establecer que, como se ha podido saber por los medios, se ha dictado un auto por el magistrado que lleva la causa principal en el Tribunal Supremo solicitando una cooperación, solicitando que se investiguen determinados movimientos en efectivo, que parece ser que son de especial relevancia y trascendencia”.
Según el abogado, “por eso el titular, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número dos ha abierto una pieza separada respecto a la pieza principal que se está llevando en el Tribunal Supremo”. Añadió que “la pieza separada podemos definirla como una división formal que se produce cuando en un procedimiento judicial es muy grande, es muy amplia, hay mucha documentación, hay muchas personas que están interviniendo y se realiza esta separación para poder investigar de manera más rápida todos los hechos que están relacionados con la causa principal”.
En esa línea, señaló que “el magistrado del Tribunal Supremo considera que en estos movimientos puede que haya intervenido determinadas personas que no reúnan la condición de aforado y por eso se está llevando dicha investigación de la pieza separada de la Audiencia Nacional”.
El letrado también detalló los indicios que han llevado a la apertura de esta nueva línea de investigación: “Aquí hay que tener en cuenta que, por lo que se ha podido saber por los medios, ha habido una declaración por parte de un exgerente del Partido Socialista y una ex trabajadora que han podido manifestar que existen determinadas transferencias en metálico que pueden revestir indicios de criminalidad y que dichas transferencias no están, no tienen una trazabilidad legal”.
Ruiz Olmo apuntó además que “también ha habido declaraciones, como se ha podido ver en la prensa, de una empresaria española que también ha asegurado que depositó una cantidad importante en la sede del Partido Socialista”. A su juicio, “por tanto, tenemos dentro de esta ecuación a partícipes que no tienen por qué tener la condición de aforado”, aunque matizó que “sin perjuicio de que la investigación avance y puedan incluirse determinadas personas que tampoco reúnan dichas características”.
El abogado insistió en que el proceso aún se encuentra en una fase incipiente: “Estamos ante un supuesto laboratorio en el que no tenemos todos los elementos todavía, como te he comentado, para poder hacer un análisis pormenorizado y sobre todo, tener en cuenta una calificación jurídica”.
En relación con las posibles responsabilidades del PSOE, Ruiz Olmo recordó la importancia de los mecanismos de control interno: “Aquí lo que sí que es importante respecto a este tipo de delitos económicos es que con la última reforma aprobada por el Código Penal siempre se establece que cuando una persona jurídica pueda tener algún tipo de relación con un hecho delictivo, siempre la persona jurídica debe acreditar que se han tomado las medidas necesarias para poder evitar la comisión de esos delitos dentro del seno de esa empresa”.
Finalmente, destacó que “la actuación del Partido Socialista pasaría por comprobar o acreditar que efectivamente se estableció un protocolo antidelictivo y que en base a ese protocolo no es responsable”, aunque subrayó que “todavía estamos en una fase muy inicial del procedimiento y todavía hay que esperar a que las Fuerzas y Cuerpos del Estado que hacen una gran labor en este tipo de procedimientos elaboren sus informes y se publiquen para conocer en su totalidad todo el material probatorio que existe”.