El juez Villegas avisa: Pedro Sánchez podría librarse de todo con un simple suplicatorio

En las profundidades de un debate jurídico que cada vez más se asemeja a una tormenta perfecta, el juez Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), ha lanzado una advertencia que resuena como el crujido de un casco a punto de romperse. En la última emisión de su programa, Villegas pinta un retrato obsesivo: el de un barco presidencial que se hunde lentamente bajo la marea de causas judiciales por corrupción, con el agua subiendo inexorable desde la bodega hasta el mástil. "¿En qué acabará esto? Confiemos en que sea nada", dice con un tono que destila escepticismo, "pero si la corrupción es un cáncer metastásico que invade el cuerpo entero, tal vez llegue a la cúspide del poder ejecutivo".

No es casualidad que Villegas, un magistrado con décadas de experiencia en los entresijos del derecho penal y constitucional, recurra a esta metáfora náutica para describir el cerco que se cierra alrededor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las investigaciones avanzan como olas implacables: desde filtraciones en la Fiscalía General del Estado hasta presuntos tejemanejes en contratos públicos y favores políticos. "No digo que sea culpable ni que vaya a ser acusado", aclara el juez, "pero las causas están cercándolo". Y en ese remolino, el Ejecutivo cuenta con dos flotadores constitucionales: el aforamiento, que lo eleva al Tribunal Supremo, y la inmunidad, un blindaje parlamentario que podría convertir una votación en el Congreso en un salvoconducto eterno.

Villegas desmenuza el mecanismo con la precisión de un bisturí: si el Supremo detecta indicios contra Sánchez, enviaría un suplicatorio al Congreso de los Diputados, solicitando permiso para investigarlo. Una comisión especial oiría al presidente, y luego la Cámara Baja votaría. Si concede el permiso, el procedimiento arranca y el mandatario se somete al escrutinio supremo. Pero si lo deniega –y aquí radica el "efecto extraordinario" que pocos conocen–, se produce un sobreseimiento libre. "Es una resolución judicial que implica quedar libre de toda culpa penal", explica Villegas. En términos prácticos: un archivo definitivo, equivalente a una sentencia absolutoria no por inocencia probada, sino por intocabilidad política. "Nadie podría juzgarlo jamás por esos hechos. Es una barrera infranqueable".

Este precepto, anclado en el artículo 754 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1912, no es un "fósil medieval" como algunos lo tildan, sino un dique contra el "lawfare" –la judicialización política–. "Imaginemos que la oposición acude continuamente a los tribunales contra diputados afines al Gobierno", razona el juez. "Podría haber un drenaje de escaños, una sangría que desestabilice mayorías frágiles, como esas siete que sostienen al Ejecutivo sin que yo mencione nombres". El Tribunal Constitucional ha avalado esta lógica, protegiendo el espíritu de las normas: blindar la democracia representativa, no a los corruptos.

Sin embargo, Villegas no se queda en la teoría. Alerta sobre el riesgo de perversiones: si el Congreso denegara el suplicatorio no por lealtad institucional, sino por "salvar el pellejo" de un "puñado de delincuentes", sería una traición al fin último de la norma. En ese caso, la puerta queda entreabierta: un recurso de amparo ante el TC podría revisar la decisión, como ya reconoció la sentencia 90/1985. "El suplicatorio no está pensado para eso", insiste. Pero entonces, el juez suelta la pregunta que flota como un iceberg en el horizonte: "¿Quién preside el Tribunal Constitucional? ¿Quién elige a sus magistrados? Las cámaras parlamentarias, ojo". Y remata con ironía: "El TC tiene una ejecutoria impoluta al margen de cualquier influencia política. ¿Podemos confiar en él? Hay alguien que no se va a ahogar. No lo sé".

En un país donde la prensa ha convertido a todos en "expertos en derecho procesal penal y constitucional", el análisis de Villegas no es solo una lección magistral, sino un llamado a la reflexión. ¿Es el suplicatorio un escudo legítimo o una indulgencia plenaria para los intocables? ¿Hundirá la marea de corrupción al capitán del barco, o lo elevará el remolino de la política? La PCIJ, con voces como la de Villegas, sigue velando por una justicia independiente que no se doblegue ante los vientos del poder.