No ha renunciado, lo han echado por delincuente: Sánchez se empeña en defender a su condenado fiscal y lanza a sus ministros a vender una "renuncia"

Las renuncias son voluntarias. Las condenas, no. El fiscal general del Estado no “renuncia”, es expulsado por estar condenado por un delito de revelación de secretos, por inhabilitación de dos años y por haber arrastrado la Fiscalía a un bochorno sin precedentes. Lo demás es teatro, por mucho que el sanchismo repita hoy que “ha abandonado” como quien se va de un cargo por motivos personales. Desde Angola, Pedro Sánchez ha hecho lo que mejor sabe: levantar un decorado narrativo sobre un edificio que ya se ha derrumbado. Tras “enterarse por los medios” de la marcha del fiscal -como si no lo supiera-, ha elogiado a Álvaro García Ortiz como “servidor público” y le ha deseado “toda la suerte”, señalando que “su relevo se conocerá en breve”.

El presidente del Gobierno ha evitado pronunciar la frase prohibida: no fue una renuncia, fue la sentencia. Si no llega a ser por la condena, el fiscal seguiría ocupando un cargo que Sánchez consideraba pieza clave de su arquitectura de poder. Pero mientras Pedro Sánchez ensaya su pose institucional, sus ministros desfilan ante los micrófonos como si hubieran recibido una orden: todos deben insistir en que García Ortiz “ha decidido irse”, como si no le hubieran condenado y estuviera obligado a marcharse por ser inhabilitado.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado el Gobierno acoge la “renuncia con enorme respeto”. Renuncia, como si fuera algo voluntario. La ministra, eso sí, evita mencionar que la renuncia no es un gesto noble, sino el resultado directo de una inhabilitación judicial. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha declarado que la decisión es “personal”, pero añade que él “cree en la inocencia” del fiscal. No es una “decisión personal”, es que le han obligado a irse por condenado. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha criticado que el fallo del Supremo fue "demasiado rápido" y que "debió buscarse la unanimidad". Curioso argumento cuando tras decisiones judiciales no tienen unanimidad y no le molesta cuando favorecen al Gobierno de Sánchez.

Mientras los ministros recitan el argumentario oficial, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho lo que el Gobierno no puede decir ni aunque le paguen: García Ortiz no ha “renunciado por responsabilidad”. No hay épica, ni sacrificio, ni sentido del deber. Se va porque la ley lo expulsa. “Es un delincuente que ha sido condenado y la ley le dice que se tiene que largar”, ha resumido el dirigente popular sin eufemismos. Pedro Sánchez tiene en su haber el primer fiscal general condenado de la historia, y por mucho que su loroparque repita que “renuncia”, no puede tapar la realidad.