La firma que fichó a Leire Díez recibió 2,3 millones de Montero y Calviño

Vicente Fernández Guerrero ha pasado de pilotar ayudas públicas a recibirlas tras abandonar la presidencia de SEPI en 2019 al temer una condena por malversación en el caso Aznalcóllar. Ya ha sido absuelto.

En junio de 2023 se convierte en administrador de un bar sevillano, La Bola. Sólo cinco meses después recibe una subvención del Gobierno de Sánchez. La cantidad es exigua, 5.000 euros, pero la benefactora llena ríos de tinta de contratos y ayudas bajo sospecha: Red.es. 

Fichó a la empresa gestionada por el marido de Calviño y contrató a Barrabés y otros mecenas de Begoña Gómez por decenas de millones, algunos bajo recomendación de la propia esposa de Sánchez.

También caza una ayuda para compensar el sobrecoste energético. Nace de un decreto de Sánchez. Rasca 1.400 euros mientras estaba, presuntamente, a sueldo de Servinabar entre 2021 y 2023 (219.000 euros facturados como asesor).

Goza, según el PP, de un patrimonio inmobiliario de 10 millones incompatible con su vida funcionarial.

Y se alía en una inmobiliaria con exdirectivos de Globalia. Un año después, 2024, funda Allies and Altera con 32.000 euros.

La lotería de Moncloa también toca a la firma que ficha a su amiga Leire Díez en octubre de 2021 como consejera.

Cistec Technology recibe ese año 960.000 euros del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y del ministerio de Industria de Reyes Maroto. Y ese año SEPIDES, filial de SEPI (Hacienda), compra el 25,5% de su accionariado. 

Paga 104.000 euros más 1,2 millones de prima de asunción. Es el sobreprecio que pagan los nuevos accionistas al entrar en una sociedad mediante una ampliación de capital, es decir, la cantidad que aportan por encima del valor nominal de sus nuevas participaciones, para compensar a los socios antiguos por el valor generado (reservas, beneficios) antes de su entrada y evitar la dilución de su participación.

Una firma privada vinculada aporta igual suma para comprar otro 25,5%. Pero como Moncloa le presta a Cistec otro millón vía Economía y Ciencia, Sánchez financia casi el 100% de su ampliación de capital con 2,3 millones. Se ejecuta en julio de 2021. 

Un mes antes el ICO de Calviño le inyecta 160.000 euros. Dos meses antes le ha otorgado otros 240.000 euros, más 160.000 euros de Ciencia. Tres meses antes el ICO le sirve otros 400.000 euros. 

Poco le importa a Moncloa que Cistec deba 154.000 euros al Estado (Hacienda y Seguridad social) en 2021. Ni que adeude 355.000 euros en 2020, 251.000 en 2019 y 344.000 en 2018. 

Ya hay denuncia de Manos Limpias contra SEPI justo por otorgar ayudas sin estar al corriente de pago con el Estado.

Cistec tiene en 2021 un agujero de 2,2 millones por desajustes contables y pérdidas por 1,5 millones. 

Y prevé que su patrimonio neto sea inferior al 50% del capital social en 2022. Un fondo de maniobra negativo precursor de una quiebra. Moncloa la saca de la UCI con dinero público.

Hay hechos que agravan la carga política de este encubierto rescate sanchista por encima del dudoso criterio selectivo para primar a esta firma sobre otras.

Tanto SEPI como su filial SEPIDES, autora material de la compra, omiten en sus informes que Cistec es firma participada hasta marzo de 2022, fecha en la que recompra la participación de SEPIDES.

El desembarco accionarial no se realiza bajo el mandato del detenido ex jefe de SEPI, Vicente Fernández, sino de su sucesora, Belén Gualda, y del presidente de SEPIDES, Antonio Cervera. Y ambos estaban rodeados de vocales de distintos ministerios.

A la presidenta de SEPI, que como su antecesor también procede de la cantera socialista de la junta andaluza de María Jesús Montero, le escoltan los secretarios de estado de Defensa, Hacienda, Transición, y Asuntos Económicos más varios subsecretarios (Hacienda, Transportes, Trabajo, Industria, Presidencia, Agricultura, Asuntos Económicos…) Una docena de altos cargos vigilan su gestión.

Incluida la hoy ministra Aagesen y Carlos Moreno, director de gabinete de Montero salpicado por presuntas koldomordidas. 

Todo esto explicita que en el generoso riego de la empresa de Leire no bastaría la complicidad del expresidente del SEPI. Ni una fontanera podría mover dos consejos, SEPI y SEPIDES, con tanto ministerio testigo.

No basta el relato sanchista: dos garbanzos negros amañaron operaciones de la SEPI. Ni la excusa de Montero: ni conocía a Fernández ni se cruzaba wasaps. No es él quien ordena las ayudas a Cistec. Lleva cesado dos años.

Las ejecutan su sustituta, Gualda, y Calviño. ¿Tampoco se wasapea Montero con ellas? Mueven miles de millones.

La UCO cita 132 millones amañados de SEPI por el trío detenido (Leire, Fernández y Alonso). Todos perpetrados tras cesar Fernández. Precisan altos cómplices. La x no puede ser una fontanera.