El PP cercará a Sánchez por sus conexiones con Maduro: al Senado para saber si pagaron al chavismo

El PP ha anunciado la puesta en marcha de una nueva comisión de investigación en el Senado para esclarecer si el Gobierno de Pedro Sánchez utilizó organismos públicos, en especial la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para favorecer al régimen venezolano de Nicolás Maduro mediante rescates empresariales y otras operaciones bajo sospecha. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha confirmado la iniciativa en una comparecencia, en la que ha señalado directamente al rescate de la aerolínea Plus Ultra como uno de los casos que deberán ser analizados para determinar si existió un posible “pago de favores” al chavismo con dinero público.

Además, los populares han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero, en el que están citadas la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su condición de responsable política de la SEPI, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Según el PP, ambos departamentos se encuentran “bajo sospecha” por su posible implicación en una trama vinculada a hidrocarburos que habría beneficiado al régimen venezolano de Nicolás Maduro. La ofensiva parlamentaria llega tras las detenciones practicadas en diciembre de 2025 por la UCO de la Guardia Civil, que arrestó a la fontanera del PSOE, Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Pocos días después de esos arrestos, agentes de la Guardia Civil se personaron en las sedes de Correos y de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recabar documentación relacionada con la causa, lo que incrementó la presión política sobre el Gobierno. El anuncio del PP se produce, además, en un contexto especialmente delicado tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, donde deberá responder por presuntos delitos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, un hecho que ha reactivado el debate sobre las relaciones del Gobierno español con el chavismo. Con esta comisión, los populares pretenden “arrojar luz” sobre el uso de recursos públicos y determinar si el Gobierno de Pedro Sánchez actuó como intermediario o facilitador de intereses del régimen venezolano desde las instituciones del Estado