El juez pide a la UCO investigar reuniones ligadas al software de la cátedra de Begoña Gómez

El magistrado que instruye la causa abierta por posibles irregularidades en torno a la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice las reuniones y comunicaciones mantenidas entre una asesora de Presidencia del Gobierno y una empresa que participó en la creación del software asociado a ese proyecto académico. La diligencia se apoya en correos electrónicos recientemente incorporados al procedimiento.

El informe detalla la identidad de los asistentes a cerca de una veintena de reuniones celebradas entre abril de 2022 y febrero de 2024 en las que tomó parte Gómez. En esos encuentros consta la participación de directivos de Google y, además, la presencia de la asesora asignada en Moncloa a la esposa del presidente del Gobierno en tres citas concretas. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid mantiene abierta una investigación por un presunto delito de malversación de fondos públicos, al analizar si ese puesto de asistencia del que disponen las parejas de los jefes del Ejecutivo pudo haber sido utilizado por Gómez con fines privados

Correos y reuniones bajo análisis policial

El juez Juan Carlos Peinado ha dado un nuevo impulso a la investigación al solicitar a la UCO un informe detallado sobre una serie de correos electrónicos que reflejan encuentros y comunicaciones entre la asistente de Begoña Gómez y representantes de una empresa tecnológica. Dichos contactos estarían relacionados con la implementación del software utilizado por la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

Según consta en la causa, la empresa implicada entregó al juzgado un dispositivo que contiene correos electrónicos en los que se alude a reuniones mantenidas para abordar cuestiones técnicas del proyecto digital. Aunque no se aportaron actas formales ni convocatorias oficiales, los mensajes permitirían reconstruir la existencia de esos encuentros y algunos de los temas tratados.

El magistrado ha considerado necesario que sea la Guardia Civil la que examine el contenido de estas comunicaciones, tanto para verificar su alcance como para determinar si dichas reuniones se ajustaron a la legalidad o si pudieron implicar una intervención indebida de personal vinculado a la Administración en un proyecto universitario con financiación privada

Una investigación que se amplía

Esta nueva diligencia se suma a otras actuaciones ya practicadas en el marco del procedimiento. Con anterioridad, otra empresa tecnológica había remitido al juzgado decenas de correos electrónicos intercambiados con la misma asesora, que también fueron trasladados a la UCO para su análisis. El objetivo del instructor es disponer de una visión completa de los contactos mantenidos entre la asistente y las compañías que colaboraron con la cátedra.

La investigación se centra en esclarecer si la asesora actuó únicamente como intermediaria administrativa o si, por el contrario, desempeñó un papel más activo en las gestiones relacionadas con el software, los patrocinadores o la organización del proyecto. Asimismo, se analiza si esos contactos pudieron generar algún tipo de beneficio irregular o trato de favor.

El juez indaga igualmente en la titularidad y el uso de la herramienta digital desarrollada para la cátedra, así como en la posible apropiación del software o en la utilización de recursos públicos para fines ajenos a la función institucional

Pendientes de un informe clave

La UCO deberá ahora elaborar un informe pormenorizado que será incorporado a la causa. En él se espera que los investigadores detallen la cronología de las reuniones, identifiquen a los participantes y valoren la relevancia penal de los correos electrónicos y demás documentos analizados.

Este informe será determinante para que el magistrado decida los siguientes pasos del procedimiento, que podrían incluir nuevas citaciones, ampliaciones de la investigación o el archivo de determinadas líneas de indagación. La causa permanece abierta y bajo secreto parcial, mientras el juzgado continúa recabando información para esclarecer si en el desarrollo de la cátedra se produjeron irregularidades con trascendencia penal.