Guerra en el Gobierno por el alquiler: Yolanda Díaz rechaza el plan fiscal de Sánchez y deja claro que "el PSOE no tendrá nuestro apoyo"

El enfrentamiento entre PSOE y Sumar ha escalado este lunes después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, anunciara un paquete de bonificaciones fiscales dirigido a los caseros que se comprometan a no subir los alquileres. La propuesta ha sido recibida con un rechazo frontal por parte de Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, que considera la medida un “grave error” y ha advertido de que no contará con su apoyo parlamentario.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, fue tajante al valorar el anuncio. A través de las redes sociales, denunció que “regalar dinero público a los rentistas” no soluciona la crisis habitacional y contradice el principio de que la vivienda es un derecho constitucional y no un incentivo fiscal. En su opinión, la propuesta del PSOE supone un “premio” a los propietarios en lugar de una protección efectiva a los inquilinos.

Un conflicto que viene de lejos

El choque no es nuevo. Desde septiembre, las discrepancias entre ambos socios se han intensificado en materia de vivienda, especialmente después de que Sumar decidiera tomar la iniciativa y elaborar un real decreto ley propio con medidas más ambiciosas. Ese texto, que ya está redactado, plantea una intervención directa del mercado del alquiler, incluyendo la prórroga obligatoria de los contratos que vencen y el control efectivo de los precios. Sin embargo, el ala socialista del Gobierno, que dirige el Ministerio de Vivienda, ha evitado hasta ahora asumir esas propuestas.

El anuncio de Sánchez ha actuado como detonante. Desde Sumar consideran que la estrategia del PSOE insiste en fórmulas que ya se han demostrado insuficientes. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, calificó la iniciativa presidencial de “ineficaz, injusta y no adecuada”, y reclamó al PSOE que recapacite y apruebe con urgencia una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que expiran este año, una medida que ya se aplicó durante la pandemia y la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Bustinduy subrayó que más de 600.000 familias afrontan la incertidumbre de la renovación de sus contratos y rechazó que la intervención del mercado se base en incentivos fiscales. A su juicio, estas bonificaciones benefician a propietarios cuyos ingresos medios duplican los de muchas familias inquilinas. Además, defendió avanzar hacia medidas más contundentes, como limitar la compra especulativa de viviendas y gravar fiscalmente a quienes acumulen varias propiedades.

El desacuerdo se ha extendido al conjunto de ministros de Sumar. La titular de Sanidad, Mónica García, advirtió de que recurrir a “medidas caducas” no resolverá la crisis de acceso a la vivienda, mientras que la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, insistió en que la prórroga de los alquileres debe ser un derecho y no una opción condicionada a ventajas fiscales.

Sánchez propone deducciones fiscales al alquiler

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un paquete de medidas en materia de vivienda que incluye bonificaciones fiscales para los propietarios que mantengan los precios del alquiler en la renovación de los contratos. La iniciativa prevé deducciones en el IRPF para los caseros que opten por no incrementar las rentas, con el objetivo de contener la subida de los precios en el mercado del alquiler.

Según explicó el Ejecutivo, la propuesta se articula como un mecanismo de incentivo y no de imposición, enmarcado dentro de las competencias del Ministerio de Vivienda. El plan se dirige especialmente a los contratos que vencen a lo largo del año y busca ofrecer estabilidad a los inquilinos mediante acuerdos voluntarios entre las partes, sin establecer controles directos sobre los precios.