Óscar Puente dinamita el acuerdo de Rodalies y abre otro frente con los independentistas

Última hora y nuevo incendio político. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido hablar. Y cuando Puente habla, sube el pan. Esta vez lo ha hecho para afirmar algo que cae como una bomba en Cataluña: la red de Rodalies es intransferible a la Generalitat porque forma parte de la red ferroviaria de interés general del Estado. Constitución en mano. Punto.

El problema es evidente: ese compromiso ya estaba firmado. Hace apenas dos semanas el Gobierno presumía de haber cerrado la transferencia de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, en un acuerdo sellado con Esquerra Republicana y bendecido por Pedro Sánchez. Y ahora, de repente, el propio ministro sale a decir que no, que la red no se puede trocear, que eso interconecta todo el sistema ferroviario español y que la Constitución no lo permite.

Otro jardín. Y no pequeño.

Puente coincide así, palabra por palabra, con lo que llevan meses denunciando PP y Vox: no se puede transferir la infraestructura, porque depende de ADIF y de una red nacional que no admite compartimentos estancos. Lo único transferible —admite el ministro— es la gestión del servicio: material rodante, compra de trenes, explotación comercial. Pero no las vías ni la circulación.

El trilerismo del Gobierno

El problema no es solo jurídico. Es político. Porque lo que Puente hace es dejar en evidencia el trilerismo permanente del Gobierno: prometer una cosa a los independentistas y explicar la contraria cuando llegan las dificultades técnicas o constitucionales. Decir sí en una mesa y no en un micrófono.

La reacción de Junts per Catalunya y Esquerra está cantada: pataleta pública, amenazas de ruptura, mucha gesticulación… y probablemente pocas consecuencias reales. Los socios están domesticados: ladran, pero no muerden. Eso sí, el ruido va a ser ensordecedor.

Y hay algo más. Todo esto estalla en la peor semana posible, con Rodalies sumida en el caos, servicios interrumpidos, protestas de maquinistas y el recuerdo aún fresco de accidentes y averías graves. Rodalies sigue prácticamente parada. Y el foco, de pronto, ya no está ahí.

¿Cortina de humo?

La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora? Puente no es tonto. Puede ser muchas cosas, pero ingenuo no es. Abrir un debate constitucional de esta envergadura desvía la atención del desastre operativo de Rodalies y de la responsabilidad directa del Ministerio. Se pasa de hablar de trenes que no funcionan a discutir de competencias, Constitución y Estado.

Un cambio de marco perfecto. Mucho más técnico, más político y, además, con la opinión pública española mayoritariamente de su lado. Porque, guste o no en Cataluña, tiene razón: la red ferroviaria no se puede trocear.

El precio, eso sí, es alto. Se enfada Esquerra, se enfada Junts y se vuelve a tensar la cuerda con el independentismo. Pero el Gobierno de Sánchez ya ha demostrado que prefiere ese desgaste a asumir responsabilidades por una gestión desastrosa.

Cataluña, manos limpias

Para los independentistas, el escenario es ideal: win-win. Si Rodalies va mal, la culpa es del Estado porque “no ha transferido todo”. Si no se transfiere, también. Y si se transfiere solo una parte, la responsabilidad política seguirá señalando a Madrid.

Puente ha abierto un melón que no tocaba, cuando no tocaba y como no tocaba. Y lo ha hecho dejando al descubierto las contradicciones de un Gobierno que promete imposibles y luego se refugia en la Constitución cuando la realidad le estalla en la cara.

Ahora habrá ruido, amenazas y teatrillo. Después, Sánchez saldrá a templar gaitas: “tranquilos, se estudiará, se hará de forma ordenada”. Pero el daño ya está hecho. Y mientras tanto, Rodalies sigue sin funcionar. Que es, al final, lo único que importa a los ciudadanos… y de lo que menos se está hablando.