Denuncian la desprotección de una funcionaria acosada por un interno en la prisión de Sevilla II
El sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario acusa a la Administración de incumplir su propio protocolo de protección inmediata ante casos de acoso, priorizando al agresor sobre la seguridad de la trabajadora, que sigue expuesta al riesgo pese a la promesa de traslado.
Sevilla II.
El sindicato ACAIP-UGT, mayoritario entre los funcionarios de prisiones, ha alzado la voz ante una situación que califica de alarmante y grave en el Centro Penitenciario Sevilla II (Morón de la Frontera). Una funcionaria de vigilancia permanece desprotegida frente a un claro caso de acoso por parte de un interno clasificado en FIES 4 (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), sin que la Administración Penitenciaria haya adoptado las medidas prometidas para garantizar su seguridad.
Los hechos comenzaron el 13 de enero de 2026, cuando el interno remitió una carta a la trabajadora con un contenido que evidencia una clara fijación personal y conductas acosadoras. Entre las frases destacadas aparecen expresiones como “llevo tiempo observando cómo trabajas”, “me gustaría que tomásemos un café y conocernos mejor” o “te facilito mi nombre en Facebook y mi tlf”. La funcionaria, actuando con total profesionalidad, comunicó inmediatamente los hechos a la Dirección del centro, que le aseguró que el interno sería trasladado a otro establecimiento penitenciario como medida de protección.
Sin embargo, a fecha de 22 de enero de 2026, el traslado no se había materializado. Esto obliga a la funcionaria a seguir coincidiendo diariamente con el agresor en el módulo o, en su defecto, a ser ella quien tenga que ser apartada de su puesto habitual. ACAIP-UGT denuncia que esta situación supone, en la práctica, un castigo para la víctima que denuncia correctamente, mientras el autor de la conducta acosadora no asume ninguna consecuencia inmediata.
El sindicato subraya que estos hechos se producen apenas unos días después de la publicación de la Instrucción I-1/2026, aprobada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que establece un protocolo de actuación para la prevención, protección y atención de las personas privadas de libertad víctimas de violencia sexual en el medio penitenciario. Dicha instrucción obliga a actuar de forma inmediata ante cualquier indicio de violencia o acoso, priorizando la protección de la víctima y evitando su revictimización.
España
Un general, sobres de dinero y placas solares: así empieza el juicio del Caso "Tito Berni"
Patricia Rodríguez Corchado
ACAIP-UGT critica duramente la doble vara de medir de la Administración: mientras se desarrollan protocolos exhaustivos para proteger a los internos en casos de violencia o acoso, no se aplica la misma diligencia ni sensibilidad cuando la víctima es una funcionaria. Esto evidencia, según el sindicato, una contradicción en la gestión penitenciaria que prioriza de facto los derechos del agresor frente a la seguridad del personal.
La seguridad del personal penitenciario no puede quedar supeditada a la inacción administrativa ni a decisiones que trasladan el problema a la víctima. Cambiar de puesto a la funcionaria no es una solución, es una injusticia.
El sindicato exige de forma inmediata la adopción de medidas reales y eficaces para proteger a la funcionaria afectada, el traslado urgente del interno tal como fue comunicado por la Dirección, la aplicación de protocolos de prevención y actuación frente al acoso también para los trabajadores penitenciarios y el fin de una política que penaliza al personal que actúa correctamente y denuncia situaciones de riesgo.
ACAIP-UGT concluye que sin trabajadores protegidos no hay seguridad, ni tratamiento, ni sistema penitenciario posible.