Sánchez claudica ante Podemos: no será necesario los antecedentes penales para la regularización de 500.000 inmigrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cedido ante las exigencias de Podemos y abre la puerta a una regularización masiva de inmigrantes con controles mínimos. El Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros, por Real Decreto y sin pasar por el Congreso, un proceso extraordinario que podría legalizar la situación de alrededor de medio millón de personas, incluso aunque no puedan acreditar sus antecedentes penales. La confirmación ha llegado por nadie del Gobierno, sino por de boca de la secretaria general podemita, Ione Belarra, quien ha celebrado que los inmigrantes que no consigan aportar certificados penales de sus países de origen podrán sustituirlos por una simple “declaración responsable” en la que afirmen no haber cometido delitos. Un mecanismo que elimina, de facto, una de las principales garantías de seguridad del proceso.

Ione Belarra ha explicado que el Gobierno pondrá “facilidades” para sortear lo que ella califica como “burocracia insufrible”, incluyendo la posibilidad de que sea el propio Gobierno español el que contacte con los países de origen de los inmigrantes para solicitar la documentación. Y si esos países no responden o no colaboran, la solución que Sánchez cede ante Podemos es aún más simple: dar por válida la palabra del inmigrante solicitante. Así, firmas en una hoja una declaración de que no tienes antecedentes penales y ya, hay creerte, sin comprobar.

El único requisito adicional será demostrar una estancia mínima de cinco meses en España antes de presentar la solicitud y acreditar que se encontraban en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Para ello no será necesario ni siquiera el empadronamiento de los inmigrantes: servirán facturas, citas médicas o “cualquier documentación válida en derecho”, según ha detallado Ione Belarra. Desde Podemos presumen de haber doblegado al PSOE una vez más. La propia Belarra ha reconocido que los socialistas “no hacen nada si no se les obliga”, dejando claro quién marca la agenda real del Gobierno. Una confesión política que retrata a un Pedro Sánchez cada vez más dependiente de sus socios radicales para mantenerse en la Moncloa.

Mientras Ione Belarra presume, el Gobierno intenta negar las críticas de que se trate de una nacionalización masiva con fines electorales. Pero el hecho es que se abre la regularización de cientos de miles de personas inmigrantes mediante un procedimiento exprés, con controles rebajados y sin el aval del Congreso por vía de decretazo. Una decisión de enorme calado, tomada sin consenso, sin transparencia y con la seguridad jurídica en entredicho, y que muchos ven también como cortina de humo tras el accidente de Adamuz que ha dejado más tocado al Ejecutivo. Pedro Sánchez vuelve a sacrificar principios básicos de control y legalidad para contentar a Podemos y apuntalar una mayoría cada vez más frágil. El precio, una vez más, lo paga el Estado.