Debate municipal

Vox impulsa la prohibición del burka en edificios públicos de tres municipios de Mallorca

El partido defiende la identificación obligatoria del rostro por motivos de seguridad en Sa Pobla, Manacor y Felanitx

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Los grupos municipales de Vox en los ayuntamientos de Sa Pobla, Manacor y Felanitx han registrado una moción coordinada para prohibir el acceso a edificios públicos a personas que oculten su rostro con prendas como el burka o el niqab. La formación justifica la iniciativa en razones de seguridad y correcta identificación de los ciudadanos que realizan trámites administrativos.

Según ha informado el partido en un comunicado, las propuestas se debatirán esta semana en los plenos municipales: este jueves en Sa Pobla y el próximo lunes en Manacor y Felanitx. La iniciativa se produce en paralelo al debate que tendrá lugar en el Parlament de les Illes Balears, donde se analizará una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular con un planteamiento similar.

Seguridad e identificación

Los portavoces municipales de Vox, Roberto Vicente, Esteban Sureda y María Vidal, han defendido que las dependencias municipales son espacios donde se manejan datos personales y se realizan gestiones con efectos jurídicos, por lo que consideran imprescindible garantizar una "seguridad máxima". En este sentido, sostienen que la identificación visual del rostro es un requisito básico para evitar posibles suplantaciones de identidad.

"La identificación del rostro es un requisito funcional. No se pueden prestar servicios públicos a personas cuya identidad no puede ser verificada visualmente", han señalado los representantes del partido. La moción subraya que la ocultación facial mediante prendas sin arraigo en España dificulta el normal funcionamiento de los servicios públicos y la prevención de fraudes.

Desde Vox insisten en que la propuesta no tiene un carácter religioso, sino técnico. La prohibición, explican, se aplicaría a cualquier prenda sea cultural o no que impida la identificación facial en edificios públicos. Además, los regidores han solicitado a los servicios jurídicos municipales la elaboración de un reglamento interno que desarrolle esta medida para que sea clara, pública y conocida por toda la ciudadanía.

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La formación concluye que se trata de una cuestión de "sentido común " y de respeto a las normas de convivencia, defendiendo que los ayuntamientos deben ser espacios seguros donde la transparencia y la identificación personal sean la regla general.