Sánchez declara la guerra a la sanidad privada con una ley después de haberla usado sin pudor desde el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a recurrir a su manual favorito cuando llegan malas noticias tras la debacle de Aragón: cortina de humo ideológica y enemigo prefabricado. Esta vez le ha tocado a la sanidad privada. El Gobierno, por boca de la ministra Mónica García, ha aprobado un anteproyecto de ley para vetar la gestión privada de hospitales públicos, una práctica que el propio PSOE no solo toleró, sino que impulsó y financió masivamente allí donde gobernaba. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una norma que pretende prohibir la llamada “gestión indirecta” en el Sistema Nacional de Salud, salvo en casos excepcionales en los que no sea posible la prestación directa. Es decir: lo que durante años fue una herramienta habitual de gestión para los socialistas ahora pasa a convertirse, de repente, en poco menos que un sacrilegio ideológico.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vendido la medida como un paso decisivo para “blindar” la sanidad pública. Pero el relato del Gobierno de Sánchez se desmorona en cuanto se revisa la hemeroteca. El PSOE ha recurrido a la colaboración público-privada sin ningún complejo cuando ha tenido responsabilidades de gobierno autonómico. En Andalucía, durante los mandatos de Susana Díaz, la Junta destinó alrededor de 2.000 millones de euros a conciertos sanitarios con hospitales privados. No fue una excepción ni una anomalía: fue política sanitaria deliberada, sostenida en el tiempo y asumida como necesaria para evitar el colapso del sistema.

En Asturias, gobernada actualmente por los socialistas, varios hospitales de titularidad o gestión privada están plenamente integrados en la red pública del SESPA mediante conciertos: el Hospital de Jove y el Hospital de la Cruz Roja en Gijón, la Fundación Hospital de Avilés o el Sanatorio Adaro en Langreo. Todos ellos atienden a pacientes del sistema público con total normalidad. Entonces, ¿en qué quedamos para Mónica García y Pedro Sánchez? ¿Era legítimo cuando lo hacía el PSOE en las comunidades y perverso cuando se hace ahora que la mayoría de comunidades las gobierna el PP?

El anteproyecto presentado por Mónica García establece evaluaciones previas, memorias justificativas y comités de análisis para autorizar cualquier gestión privada. Un entramado burocrático que no mejora la atención al paciente, pero sí satisface el discurso político de la izquierda más radical, la misma que lleva años señalando a la sanidad privada como enemigo a batir. La norma no responde a una emergencia sanitaria ni a un informe técnico que demuestre que la gestión privada es peor. Responde a una necesidad política: contentar a los socios de Gobierno de Sánchez, agitar el fantasma ideológico contra la derecha y desviar el foco de los problemas reales del Ejecutivo. Porque mientras Pedro Sánchez predica contra la sanidad privada, las listas de espera siguen disparadas, faltan médicos, colapsan urgencias y las comunidades reclaman más financiación. Nada de eso se soluciona prohibiendo modelos que, bien regulados, han permitido sostener el sistema durante años.