El Tribunal Supremo archiva la causa contra Alvise Pérez por los mensajes de Telegram sobre detenidos en Bilbao

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha decidido archivar la causa abierta contra Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, eurodiputado español, por la difusión en su canal de Telegram de un documento interno de la Ertzaintza con 79 reseñas policiales de detenidos durante las fiestas de Bilbao en 2023. Según el tribunal, aunque los mensajes hacían referencia a la nacionalidad de los arrestados, “no incorporan los elementos de incitación a la violencia que exige el artículo 510 del Código Penal”.

El auto 21808/2025, también resuelve de manera parcial las medidas cautelares solicitadas por el alcalde afectado, después de que Pérez advirtiera en su canal que haría públicas determinadas informaciones si no se producía su renuncia. En este sentido, el magistrado ordena que el dirigente de SALF “cese de forma inmediata y provisional en la publicación, difusión o reproducción” de contenidos relacionados con la demanda hasta que exista una resolución firme o se levanten las medidas adoptadas. Asimismo, se le obliga a retirar los mensajes difundidos los días 17 y 18 de diciembre, que contenían “imputaciones directas y reiteradas” sobre supuestas agresiones o acoso sexual, irregularidades en la gestión de fondos públicos e incluso un homicidio vinculado a la construcción de una vivienda.

El tribunal subraya que estos contenidos se difundieron en un canal público con más de 650.000 seguidores y que constituyen un “evidente menoscabo” del derecho al honor del alcalde, ya que se hicieron sin respaldo en hechos comprobados ni en resolución judicial alguna, con la intención de perjudicar políticamente a un rival. El auto alerta de que, de no adoptarse estas medidas cautelares, el paso del tiempo podría hacer “inútil” una eventual sentencia favorable al demandante debido a la continua difusión de mensajes de similar contenido.

Cabe recordar que el PSOE local había presentado en diciembre una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo basada en pantallazos previamente difundidos en el mismo canal, pero la causa fue archivada al considerar que ese material no podía sustentar una investigación penal.

Con esta resolución, el Alto Tribunal cierra una polémica que durante meses ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en la difusión de información sensible a través de redes sociales y canales de mensajería masiva.