Enfrentamiento entre Félix Bolaños e Isabel Perelló por los planes del Gobierno para el Tribunal Supremo
El plan del ministro de Justicia para reforzar la justicia desata recelos en el Alto Tribunal cuestiona la distribución de plazas y alerta de la sobrecarga en las salas civil y social.
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños
El refuerzo de la planta judicial impulsado por el Gobierno ha abierto un nuevo frente de tensión con la cúpula del Tribunal Supremo. La propuesta del Ministerio de Justicia para crear nuevas plazas de magistrados no ha sido bien recibida en el alto tribunal, donde diversas fuentes jurídicas muestran “recelo” ante un reparto que, a su juicio, “no responde plenamente a las necesidades reales del Supremo”.
El núcleo del desacuerdo se centra en qué salas deben ser prioritarias. Desde el departamento que dirige Félix Bolaños se plantea reforzar la Sala Segunda, encargada de los asuntos penales. Sin embargo, tanto la presidencia del Supremo como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideran que la mayor saturación se encuentra en la Sala Primera (civil) y en la Sala Cuarta (social).
La polémica se enmarca en el decreto aprobado en enero por el Ejecutivo para crear cerca de 500 nuevas plazas judiciales. Aunque la medida sigue en tramitación, el reparto definitivo aún no está cerrado, lo que ha intensificado las discrepancias entre ambas instituciones.
Fuentes del propio tribunal subrayan que la propuesta inicial del Ministerio "no coincide con las necesidades que el alto tribunal habría trasladado previamente". Según estas mismas fuentes, el Supremo solicitó dos nuevas plazas para la Sala Primera y otras dos para la Sala Cuarta, ambas sometidas a una elevada presión de trabajo.
Por el contrario, el plan del Gobierno incluiría una plaza adicional para la Sala Segunda, lo que ha provocado malestar en la cúpula judicial. Desde el Supremo se considera “llamativo” que “no se prioricen las salas con mayor acumulación de asuntos”.
La Sala Primera arrastra desde hace años una carga de trabajo muy elevada. Miles de recursos pendientes, muchos de ellos relacionados con litigios masivos sobre cláusulas hipotecarias o productos financieros, han puesto al límite su capacidad.
En algunos momentos, el volumen de asuntos sin resolver ha superado los 25.000, lo que ha obligado a adoptar medidas extraordinarias para evitar el colapso. Una situación que, según fuentes jurídicas, "refleja la presión que soporta esta sala".
Un escenario similar se vive en la Sala Cuarta, donde el aumento de conflictos laborales derivados de cambios en el mercado de trabajo y reformas legislativas ha disparado el número de recursos.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló
Informes del propio Poder Judicial advierten además de vacantes y déficits estructurales en algunas salas del Supremo, lo que obliga a recurrir con frecuencia a refuerzos temporales. Desde el tribunal se insiste en que aliviar la carga en las jurisdicciones civil y social debería ser una prioridad.
El foco más sensible del enfrentamiento se sitúa en la Sala Segunda. Este órgano, además de resolver asuntos penales, tiene la competencia de investigar y juzgar a aforados, como miembros del Gobierno o parlamentarios.
Por ello, cualquier cambio en su composición se interpreta también en clave política. Algunos juristas advierten de que “los cambios en su plantilla o en su estructura pueden influir en el equilibrio interno del tribunal”.
En este contexto, no faltan quienes ven en la iniciativa del Ejecutivo un intento de intervenir en una sala que ha protagonizado decisiones de gran impacto político en los últimos años.
Archivo - Fachada del Tribunal Supremo durante la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España).
El desacuerdo se produce además en un clima de relaciones tensas entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ. La presidenta del órgano de gobierno de los jueces y del Supremo, Isabel Perelló, ya ha expresado su preocupación por la forma en que el Gobierno está abordando la reforma judicial.
Desde Justicia, en cambio, se defiende que la ampliación de la plantilla es imprescindible para reducir el déficit de jueces y acortar los tiempos de resolución. Sin embargo, en el seno del Poder Judicial crece la percepción de que algunas decisiones se han adoptado "sin una coordinación suficiente con los órganos de gobierno de los jueces".
Aunque el conflicto se presenta como un debate técnico, lo cierto es que vuelve a evidenciar la tensión entre el poder político y el judicial. El desenlace de este pulso no solo determinará el reparto de nuevas plazas, sino también el equilibrio interno del máximo órgano judicial del país.