Medidas urgentes: Jucil irrumpe en el Parlamento catalán denunciando el desgaste crítico de la Guardia Civil

Barcelona se ha convertido en el epicentro de una crisis que ya no es solo interna, sino también institucional. Jucil ha trasladado al Parlamento de Cataluña una radiografía demoledora sobre la situación de la Guardia Civil, calificándola de “crítica y asfixiante” y alertando de un progresivo desmantelamiento que, aseguran, pone en riesgo la seguridad pública.

Durante la reunión con representantes políticos, el secretario general de la asociación, Ángel Lezcano, denunció que la falta de efectivos ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 1.100 vacantes sin cubrir en la comunidad. Una cifra que, lejos de ser coyuntural, refleja un problema estructural que se agrava con el paso del tiempo.

Una plantilla bajo mínimos

A esta carencia se suma un frente especialmente sensible: la pérdida de competencias. Jucil advierte del intento de trasladar funciones exclusivas del Estado, como el control de fronteras o el Servicio Marítimo, a los Mossos d’Esquadra. Una situación que consideran inaceptable y que, según subrayan, vulnera el marco constitucional.

“No permitiremos un desmantelamiento por la puerta de atrás”, advirtió Lezcano, quien alertó también del posible cierre de unidades clave como el GEDEX en Tarragona, lo que supondría, a su juicio, un paso más hacia la irrelevancia del cuerpo en Cataluña.

Pero el conflicto no es únicamente competencial. También es económico. La asociación ha denunciado la creciente brecha salarial con los Mossos d’Esquadra, que recientemente han visto mejoradas sus condiciones laborales con incrementos retributivos, más vacaciones y reducción de jornada. Para Jucil, este escenario supone un “agravio comparativo” que acelera la fuga de agentes.

En este contexto, la organización insiste en la necesidad urgente de declarar Cataluña como Zona de Especial Singularidad, una medida que permitiría aplicar incentivos económicos y sociales para frenar el éxodo de profesionales y estabilizar las plantillas.

Además, han puesto sobre la mesa otras reivindicaciones históricas, como la inclusión de la Guardia Civil en el sistema de emergencias 112 pendiente pese a acuerdos previos o el reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo, un estatus del que sí disponen otros cuerpos policiales.

La falta de medios materiales completa un escenario que califican de preocupante. Según denuncian, los agentes trabajan en condiciones que comprometen no solo su eficacia, sino también su propia seguridad.

Desde Jucil confían en que el respaldo político se traduzca ahora en medidas concretas. De lo contrario, advierten, la Guardia Civil en Cataluña podría quedar reducida a un papel residual, con consecuencias directas no solo para el cuerpo, sino para el conjunto de la ciudadanía.