El PP defiende su acuerdo con Vox en Extremadura como garantía de estabilidad y crecimiento: "no es interpretable"

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido con contundencia el acuerdo alcanzado con Vox, subrayando que garantiza “estabilidad política” durante los próximos cuatro años en la región. Según ha explicado, este pacto permitirá aprobar los presupuestos de toda la legislatura y consolidar el proyecto iniciado por la presidenta María Guardiola desde 2023.

Sánchez Juliá ha enmarcado el acuerdo como una respuesta directa al resultado electoral, asegurando que los ciudadanos apostaron por la continuidad del actual Ejecutivo autonómico, por el entendimiento entre PP y Vox y por “desterrar el sanchismo” en Extremadura. En este sentido, ha insistido en que el pacto no solo busca estabilidad institucional, sino también crecimiento económico y refuerzo de los servicios públicos.

Uno de los puntos que el portavoz ha querido destacar especialmente es el “blindaje” de las políticas de igualdad. Ha afirmado que el acuerdo protege los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, desmarcándose así de las críticas recibidas desde sectores de la oposición. “No hay retrocesos”, ha venido a recalcar, defendiendo que las medidas están plenamente garantizadas dentro del marco legal vigente.

Crecimiento económico, impuestos y servicios públicos

En el plano económico, el acuerdo incluye una batería de medidas orientadas a dinamizar la región. Entre ellas, la bajada continuada de impuestos con el objetivo de convertir a Extremadura en la comunidad con menor carga fiscal de España, así como iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda y reducir gastos familiares como los derivados de la vuelta al colegio.

El documento también recoge compromisos en sectores clave como la energía con la defensa de la central de Almaraz, el campo y la industria, además de propuestas para reducir la burocracia y posicionarse contra el acuerdo comercial de Mercosur. En paralelo, se prevé un incremento significativo del gasto sanitario, cifrado en 500 millones de euros anuales, junto con mejoras salariales para el profesorado.

Por último, Sánchez Juliá ha cargado contra la oposición, a la que ha acusado de no ofrecer una alternativa real en la región. Ha defendido que el acuerdo “no es interpretable” y que está basado en el principio de prioridad nacional, insistiendo en que no vulnera la legalidad ni excluye a ningún colectivo, sino que busca fomentar el arraigo y la cohesión social en Extremadura.