PP y Vox blindan al Ejército: rechazan investigar abusos y suicidios en la ‘mili’ de los 80 y 90

El Congreso de los Diputados ha rechazado este lunes, con los votos en contra de PP, Vox y UPN y la abstención del PSOE, instar al Gobierno a investigar de forma exhaustiva e independiente los abusos, vejaciones, acosos y malos tratos que, según numerosos testimonios, sufrieron miles de jóvenes durante el servicio militar obligatorio en las décadas de 1980 y 1990.

La proposición no de ley, impulsada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG, denunciaba una “dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional”. Los proponentes citaban “numerosos testigos” que en los últimos meses han relatado situaciones sistemáticas de maltratos físicos y psicológicos en los cuarteles, así como “numerosas muertes” en circunstancias no suficientemente aclaradas y más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001, según datos oficiales del Ministerio de Defensa.

El debate: memoria de las víctimas frente a defensa del honor del Ejército

Durante la sesión en la Comisión de Defensa, el portavoz de ERC, Francesc Marc Álvaro Vidal, ha relatado el caso del cabo Juan Murcia Soriano, quien se suicidó en 1987 mientras cumplía la mili, y defendió que la iniciativa busca “el derecho a la verdad y a la justicia”, no desprestigiar al Ejército. 

En la misma línea se ha expresado el diputado del PNV, Mikel Legarda, quien ha considerado “prudente y oportuno” que intervenga el Defensor del Pueblo.

El representante de Junts, Josep Pagès, ha arremetido contra el PSOE por “colaborar en el encubrimiento” y recordó que los socialistas ya se habían aliado antes con PP y Vox contra una comisión de investigación. Por su parte, el diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, ha hablado de cerca de 1.900 fallecidos durante el servicio militar y acusó al Ministerio de Defensa de “mirar hacia otro lado”, incluso respecto a suicidios ocurridos tras la licencia.

La portavoz adjunta del PSOE, Caridad Rives, mostró apoyo a la idea de investigar, pero defendió delegar la tarea exclusivamente en el Defensor del Pueblo para garantizar “imparcialidad”, como se hizo con los abusos en la Iglesia. Al no aceptarse su enmienda, los socialistas optaron por la abstención.

La respuesta de la derecha: “No es verdad, es un ataque político”

El diputado del PP, Carlos Alberto Sánchez, ha calificado la iniciativa de “ataque político” y “calumnia” contra las Fuerzas Armadas. “La narrativa de la vejación sistemática es falsa y exagerada”, ha afirmado. 

Según él, hablar de un “campo de concentración” es una “distorsión histórica muy grave”. Explicó que los 1.900 fallecimientos incluyen accidentes de tráfico, maniobras, entrenamientos y enfermedades, y acusó a los proponentes de “fabricar un relato victimista” mezclando tragedias personales con una supuesta política de maltrato institucional.

En términos similares se pronunció el portavoz de Vox y general retirado Alberto Asarta, quien aseguró que la proposición no busca la verdad, sino “erosionar el prestigio” del Ejército. Reconoció que pudiera haber “casos aislados”, pero rechazó convertirlos en una “causa general”. Además, denunció la “hipocresía” de los firmantes por no exigir con la misma fuerza el esclarecimiento de los asesinatos de ETA.