Tensión en el Congreso
Armengol no dimite por el informe de la UCO, pero sí se moviliza para endurecer medidas contra Vox
La presidenta del Congreso impulsa reformar el Reglamento tras el incidente con un diputado de Vox, mientras evita asumir responsabilidades por otras polémicas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el acto institucional por el Día de la Constitución.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha trasladado a la Mesa de la Cámara una propuesta para modificar el Reglamento con el objetivo de dotar a la institución de herramientas “más eficaces” ante situaciones de conflicto parlamentario. La iniciativa llega días después de la expulsión del diputado de Vox, José María Sánchez García, tras un enfrentamiento con la Presidencia durante una sesión plenaria.
Según fuentes parlamentarias, el planteamiento de Armengol será trasladado a los grupos en la Junta de Portavoces para que, si lo consideran oportuno, impulsen una proposición de ley que permita reformar la normativa interna del Congreso. El objetivo es reforzar los mecanismos disciplinarios previstos actualmente.
El documento presentado por la Presidencia incluye también una condena del comportamiento protagonizado por el diputado de Vox y advierte de que, en situaciones similares futuras, se aplicarán las sanciones más severas contempladas en el Reglamento. En concreto, se hace referencia al artículo 106, que permite la expulsión de un diputado durante un mes, ampliable hasta seis meses por decisión de la Mesa.
Armengol sostiene que los episodios de tensión registrados en el hemiciclo no son hechos aislados y defiende la necesidad de una reflexión conjunta por parte de los grupos parlamentarios para rebajar la crispación y garantizar el normal funcionamiento de la Cámara.
El alcance de la reforma planteada
La propuesta se centra en revisar los instrumentos disciplinarios disponibles para la Presidencia del Congreso, con el fin de responder con mayor contundencia ante altercados en el Pleno. El debate sobre esta posible modificación queda ahora en manos de los grupos parlamentarios, que deberán valorar si impulsan los cambios normativos planteados.