escrito defensa
Begoña Gómez suplica a Peinado que le absuelvan y acusa de "mala fe" porque "no he cometido delito"
La mujer de Pedro Sánchez admite que la secretaria de Moncloa "le ayudó de forma puntual", se presenta como víctima de una ofensiva política y señala que empezó su actividad profesional antes de llegar a la presidencia
Begoña Gomez, en una fotografía del pasado mes de febrero
Begoña Gómez mueve ficha judicial. La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado formalmente su absolución en el caso en el que le investiga el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Y lo hace lanzando además un duro ataque contra las acusaciones, a las que acusa de actuar con “mala fe” y “temeridad”.
En el escrito presentado por su defensa ante el juzgado, el abogado de Begoña Gómez sostiene que los hechos investigados “no son constitutivos de delito alguno” y que durante todo el procedimiento ha existido una “inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente”. La estrategia de la defensa es clara: desmontar la causa asegurando que nunca hubo pruebas reales y presentar la investigación como una ofensiva política y judicial impulsada por las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír.
“El procedimiento se ha sostenido pese a la manifiesta insuficiencia de los elementos de prueba”, argumenta el escrito, insistiendo en que las acusaciones mantienen su “pretensión punitiva” pese a que, según la defensa, los indicios no encajan en ninguno de los delitos atribuidos a Begoña Gómez. Uno de los puntos clave de la defensa pasa por desvincular la actividad profesional de Gómez de la carrera política de Pedro Sánchez. Para ello, recuerda que la esposa del presidente comenzó su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid en 2012, cuando Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”.
Con ese argumento, la defensa de Begoña Gómez intenta combatir precisamente una de las principales sospechas que sobrevuelan el caso: la posible utilización de la posición institucional del presidente del Gobierno para favorecer actividades, contactos o proyectos vinculados a su esposa. Sin embargo, el procedimiento sigue teniendo un enorme impacto político para Moncloa. Aunque Sánchez ha intentado presentar la investigación como una campaña de “acoso” contra su entorno familiar, la imagen de su esposa sentada en el foco judicial supone un desgaste evidente para un Gobierno que lleva meses cercado por polémicas, investigaciones y acusaciones de utilización partidista de las instituciones.
La causa afecta también a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa vinculada al entorno de Begoña Gómez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, figura clave en algunas de las relaciones empresariales bajo sospecha. El caso continúa así avanzando entre recursos, escritos y maniobras jurídicas, mientras el Gobierno intenta contener el coste político de una investigación que ya ha traspasado de lleno la frontera judicial para convertirse en uno de los mayores problemas de imagen para Pedro Sánchez en esta legislatura.