La hora de la verdad para David Sánchez: el juicio por el presunto enchufe entra en su fase decisiva

El juicio por el denominado caso David Sánchez afronta este martes su tramo definitivo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Tras casi dos semanas de declaraciones, informes periciales y comparecencias de testigos, las partes expondrán sus conclusiones finales antes de que el tribunal deje la causa vista para sentencia.

La sesión arrancaba a las 9:30 horas con los informes de las siete acusaciones populares, las defensas de los once procesados y la Fiscalía. Será la última oportunidad para que cada una de las partes defienda su interpretación de las pruebas practicadas durante el juicio y justifique sus peticiones de condena o absolución.

En el banquillo se sentaban el músico David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno; el expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo; el exasesor de Moncloa Luis Carrero; así como otros ocho cargos y funcionarios de la institución provincial. Todos ellos han sido investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la creación y adjudicación de varios puestos de trabajo en la Diputación.

Las acusaciones populares —entre ellas Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, PP, Liberum e Iustitia Europa— sostienen que existió una operación diseñada para favorecer a David Sánchez mediante la creación de una plaza específica en el área de Cultura en 2017, así como posteriores modificaciones del puesto y la contratación de su entorno más cercano.

Uno de los momentos más destacados del juicio se produjo con la declaración del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable del análisis de los correos electrónicos intervenidos durante la investigación. El mando de la Guardia Civil defendió que la iniciativa para crear la plaza no partió de los responsables técnicos del área de Cultura, sino de niveles superiores con capacidad política, y situó a Miguel Ángel Gallardo como la figura central de la operación.

Frente a esa tesis, tanto David Sánchez como Gallardo rechazaron cualquier irregularidad. El hermano del presidente aseguró que nunca solicitó cambios en su puesto de trabajo ni intervino en la contratación de Luis Carrero. Por su parte, Gallardo negó haber promovido contratación alguna y llegó a calificar la reconstrucción de los hechos realizada por la UCO como una “novela de ficción”.

Las acusaciones endurecen sus peticiones

La recta final del procedimiento también ha estado marcada por el aumento de las penas reclamadas por parte de algunas acusaciones populares. Hazte Oír, Iustitia Europa y Abogados Cristianos han elevado su petición hasta los seis años de prisión para David Sánchez y cuatro años para Miguel Ángel Gallardo, además de amplias inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

Por el contrario, la Fiscalía mantiene su posición inicial y considera que no ha quedado acreditada la comisión de delito alguno. El Ministerio Público sostiene que tanto la creación de las plazas como los procedimientos de selección se desarrollaron dentro de la legalidad administrativa y que no existen pruebas suficientes para sostener una condena.

Sentencia inminente

Una vez finalicen los informes, los acusados tendrán derecho a ejercer el turno de última palabra antes de que el tribunal declare el juicio visto para sentencia.

 La decisión de la Audiencia Provincial determinará si las sospechas de enchufe y trato de favor que han centrado la investigación durante meses se traducen finalmente en condenas o quedan definitivamente descartadas por la Justicia.