Iustitia Europa señala los correos de "pedrosánchez1212" como una de las claves del caso David Sánchez

Iustitia Europa ha presentado este lunes su informe final como acusación popular en el procedimiento que se sigue ante la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz. La organización sostiene que la prueba practicada durante el juicio oral ha permitido reconstruir una secuencia completa de actuaciones que, a su juicio, evidencian una predeterminación del puesto y una posterior adaptación administrativa para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno.

En su escrito, la acusación popular afirma que la Diputación Provincial de Badajoz habría sido utilizada para crear, adjudicar, transformar y sostener puestos públicos en favor de personas concretas, vulnerando principios como la igualdad, el mérito, la capacidad, la objetividad y el sometimiento pleno a la legalidad.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y letrado de la acusación popular, defendió ante la Audiencia Provincial de Badajoz que la actuación investigada fue "arbitraria, consciente, dolosa y penalmente reprochable". Según expuso, primero se habría decidido quién ocuparía el puesto y posteriormente se habría construido el marco administrativo necesario para justificarlo.

"Primero apareció el nombre; después se construyó el puesto, la urgencia, los criterios, la apariencia de concurrencia y el expediente y después ante la incompatibilidad se transformó la plaza al Jefe de las Oficinas de Artes Escénicas", señaló durante su informe oral.

El análisis de cientos de correos

Uno de los elementos en los que más énfasis pone Iustitia Europa es el denominado Acontecimiento 1555, Anexo Digital F15, donde figuran cientos de correos electrónicos de la Diputación de Badajoz que han sido revisados por la acusación popular.

Según la organización, este anexo resulta fundamental para comprender el presunto tráfico de influencias investigado y la relevancia que habría tenido una actuación exhaustiva de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La acusación popular asegura que, tras analizar dicha documentación, localizó cinco correos vinculados a una cuenta de correo identificada como "pedrosanchez1212" y relacionados con la incompatibilidad de David Sánchez.

Para Pardo, este hallazgo constituye uno de los puntos centrales de la causa. "Cuando analizamos el Anexo Digital F15 entendimos por qué era tan importante que la UCO fuera proactiva. Allí aparecen correos vinculados a una cuenta con el nombre de Pedro Sánchez y a la incompatibilidad de David Sánchez. Eso no es un detalle menor. Eso cambia la dimensión del procedimiento", afirmó.

El presidente de Iustitia Europa sostuvo además que la incompatibilidad no constituye un elemento secundario dentro del procedimiento, sino una pieza esencial para entender la posterior modificación del puesto y la forma en que, según la acusación, la estructura administrativa se habría adaptado a la situación personal y profesional del beneficiario.

La organización considera que esos correos guardan relación con la posterior transformación del puesto, la acomodación de la situación laboral de David Sánchez y la alteración práctica de los límites que debían regir su desempeño.

"Cinco correos vinculados a ese email y a la incompatibilidad de su hermano no pueden pasar de puntillas. Si esos correos estaban ahí, si había que llegar hasta ellos y si alguien ordenó a la UCO no ser proactiva, entonces estamos ante un hecho de enorme gravedad institucional", manifestó Pardo.

La actuación de la UCO

Otro de los aspectos destacados por Iustitia Europa es la actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil durante la investigación.

La acusación popular sostiene que el trabajo desarrollado por la UCO ha resultado decisivo para contrastar el contenido del expediente administrativo oficial con la documentación intervenida durante la instrucción.

Pardo, que además es guardia civil en excedencia, quiso expresar públicamente su respaldo a los agentes que participaron en las pesquisas.

"Como guardia civil en excedencia sé perfectamente lo que significa investigar bajo presión. Por eso quiero dejar claro el apoyo absoluto de Iustitia Europa a la UCO, a la Guardia Civil y a todos los agentes que han trabajado para que estos hechos lleguen a juicio aunque les exigieron no ser proactivos, las pruebas y evidencias han quedado en los anexos", afirmó.

Asimismo, reclamó que se investigue cualquier posible responsabilidad relacionada con una eventual orden destinada a limitar la actuación de la unidad investigadora.

"Si el DAO y la directora de la Guardia Civil permitieron, impulsaron o no impidieron que se ordenara a la UCO no ser proactiva en una investigación que afectaba al hermano del presidente del Gobierno, deben ser investigados inmediatamente", aseguró.

Críticas por las presiones a la jueza y a la UCO

Iustitia Europa también denunció durante la presentación de su informe final las presuntas maniobras de presión y descrédito sufridas por la magistrada instructora Beatriz Biedma y por el teniente coronel Antonio Balas, responsable de la investigación económica de la UCO.

Según la organización, durante la instrucción se llegó a investigar la vida privada y las rutinas personales de la magistrada, mientras que el teniente coronel Balas habría necesitado protección personal.

"Cuando se ataca a quienes instruyen e investigan, no se ataca solo a una causa concreta: se ataca al Estado de Derecho", sostiene la entidad en su nota de prensa.

Iustitia Europa recuerda además que ha ejercido la acusación popular en este procedimiento y defiende que ha mantenido la lucha contra la corrupción y la defensa del interés público durante todo el proceso judicial. Todo ello, según expone, a partir de la documentación, correos y pruebas incorporadas a la causa y analizadas durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Badajoz.