Seis acusaciones mantienen la petición de 6 años de cárcel para David Sánchez y Manos Limpias reclama menos de 3

Las acusaciones populares que ejercen la acción penal en el juicio contra David Sánchez han llegado a la fase final del procedimiento con posiciones mayoritariamente coincidentes. Seis de ellas mantienen una petición de seis años de prisión al considerar que la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz formó parte de una actuación diseñada expresamente para favorecerle.

El Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos sostienen que la creación del puesto inicialmente ocupado por David Sánchez no respondió a una necesidad real de la administración provincial, sino que fue concebida para una persona determinada. Según defienden, la posterior transformación de esa plaza en la Oficina de Artes Escénicas siguió la misma lógica.

Estas acusaciones también incluyen entre los hechos objeto de reproche la incorporación de Luis Carrero, al que vinculan con el entorno de David Sánchez. A su juicio, los distintos movimientos realizados dentro de la estructura de la Diputación formarían parte de una misma secuencia de decisiones encaminadas a beneficiar a personas concretas.

Por ello, consideran que concurren delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En sus informes finales argumentan que las resoluciones adoptadas fueron contrarias al ordenamiento jurídico y que existió una actuación dirigida a influir en decisiones públicas para obtener ventajas personales.

La posición diferenciada de Manos Limpias

La acusación ejercida por Manos Limpias mantiene la solicitud de condena, aunque con una petición de pena notablemente inferior. En concreto, reclama dos años y once meses de prisión para David Sánchez.

Su planteamiento se centra en aquellos hechos que considera jurídicamente más sólidos dentro del procedimiento. La organización ha optado por una estrategia distinta a la del resto de acusaciones populares después de que algunas de las posibles responsabilidades analizadas durante la instrucción quedaran fuera del alcance penal por el transcurso del tiempo.

La Fiscalía pide la absolución

Frente a las acusaciones populares, la Fiscalía mantiene una posición completamente opuesta. El Ministerio Público considera que la prueba practicada durante el juicio no permite acreditar la existencia de los delitos imputados.

La fiscal sostiene que no ha quedado demostrado que las decisiones adoptadas por la Diputación de Badajoz fueran arbitrarias ni que David Sánchez ejerciera influencia alguna sobre responsables públicos para obtener beneficios. Por ello, solicita la absolución de todos los acusados.

Las defensas rechazan cualquier irregularidad

Las defensas de los once acusados también han reclamado una sentencia absolutoria. El abogado de David Sánchez defendió durante su informe final que no existe prueba alguna que permita concluir que su cliente actuó con conocimiento de estar participando en una actuación ilegal.

La representación de Miguel Ángel Gallardo y del resto de procesados insistió igualmente en que todos los procedimientos administrativos siguieron los cauces ordinarios y superaron los controles establecidos. Además, subrayaron que durante el juicio no se ha acreditado la existencia de presiones sobre funcionarios ni mecanismos concretos mediante los cuales se hubiera producido una supuesta influencia indebida.

Con los informes finales ya concluidos, la Audiencia Provincial de Badajoz queda ahora a la espera de dictar sentencia en una de las causas más mediáticas de los últimos años en Extremadura.