Ábalos, el disfrutón de los chalés: dos viviendas pagadas por el entorno de Aldama a cambio de "favores"
El Supremo considera probado que el exministro se benefició de una villa en Marbella y de un chalé en La Línea de la Concepción mientras realizaba gestiones relacionadas con Air Europa, Villafuel, salvoconductos durante la pandemia y una deuda tributaria.
José Luis Ábalos, en una imagen de archivo
La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Koldo dibuja un intercambio de favores en el que José Luis Ábalos disfrutó de dos viviendas sufragadas por el entorno de Víctor de Aldama mientras atendía distintas peticiones del empresario desde el Ministerio de Transportes.
El alto tribunal considera probado que el exministro se benefició de una villa en Marbella y de un chalé en La Línea de la Concepción como contraprestación por gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa y con la concesión de una licencia de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel, empresa propiedad de Claudio Rivas, socio de Aldama.
Los hechos forman parte de la primera sentencia del caso Koldo, que condena a Ábalos a 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Koldo García ha sido condenado a 19 años y Aldama a cuatro años y medio, con una pena rebajada por su colaboración con la Justicia.
Una villa tras la gestión por Air Europa
Uno de los episodios se sitúa en agosto de 2020, cuando Ábalos y su familia pasaron unas vacaciones en una villa de Marbella entre los días 14 y 23 de ese mes. El exministro no abonó el alquiler de la vivienda, valorado junto a la fianza en 10.700 euros.
El Supremo considera probado que ese importe fue sufragado por Aldama a través de Patricia Uriz, entonces esposa de Koldo García, que figuró como arrendataria y realizó los pagos.
La sentencia relaciona directamente el uso gratuito de la villa con una gestión realizada por Ábalos en beneficio de Air Europa. Aldama, que cobraba 12.100 euros mensuales como asesor de la aerolínea, pidió al exministro, a través de Koldo, que Transportes difundiera una nota informativa anticipando la ayuda pública que podía recibir la compañía.
El objetivo era tranquilizar a los acreedores de Air Europa en un momento de graves dificultades económicas. Ábalos aceptó la petición y encargó la redacción del comunicado al entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.
Saura consideró inicialmente que no procedía publicar una nota de prensa formal, aunque el comunicado terminó saliendo el 6 de agosto. Pocos días después, Ábalos y su familia se instalaron en la villa marbellí sin pagar alquiler.
Un chalé de 665.000 euros por la licencia de Villafuel
La resolución también detalla el uso de una vivienda en La Línea de la Concepción, en Cádiz, vinculada a las gestiones para conseguir una licencia de operador mayorista de hidrocarburos para Villafuel.
Según el Supremo, Aldama había comprometido la compra de un chalé para uso y disfrute de Ábalos como contraprestación por las gestiones realizadas para obtener la autorización. Con la ayuda de Koldo García, el entonces ministro escogió el inmueble.
La vivienda fue adquirida por Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz.
El contrato fijaba un precio de compraventa de 665.000 euros y establecía un alquiler de 2.500 euros mensuales que se descontaría del precio final. Ábalos abonó 7.500 euros en concepto de fianza, pero no volvió a pagar ninguna cantidad pese a continuar ocupando el chalé.
Tras el cese del exministro y ante el temor de que la licencia no fuera concedida, Claudio Rivas ordenó reclamar las rentas pendientes. Finalmente, la autorización fue denegada y el contrato quedó resuelto a comienzos de 2022.
La sentencia recoge además otras gestiones realizadas a petición de Aldama. Entre ellas figura la expedición de salvoconductos durante la pandemia para que personas próximas al empresario pudieran entrar en España y desplazarse por el territorio nacional.
La secretaria personal de Ábalos firmó y selló los certificados de movilidad, justificando que sus beneficiarios debían acudir a reuniones en el Ministerio de Transportes. El Supremo puntualiza, no obstante, que no ha quedado probado que esas reuniones no llegaran a celebrarse.
También se intentó conseguir el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama. Con la aprobación de Ábalos, Koldo trató de utilizar sus contactos para facilitar una reunión con Carlos Moreno, entonces jefe de Gabinete de María Jesús Montero.
La petición fue trasladada a Ignacio Granados, inspector de Hacienda y asesor del gabinete de la ministra, aunque el aplazamiento finalmente no fue concedido. El tribunal sí considera acreditado el intento de gestión.