Zapatero busca desactivar los chats de "Zorro": amenaza con tumbar las pruebas que le llevaron ante el juez

José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto en marcha una ofensiva procesal contra algunas de las conversaciones que llevaron a los investigadores a situarlo dentro de la causa sobre Plus Ultra. La defensa del expresidente ha solicitado al juez José Luis Calama que identifique las resoluciones judiciales que autorizaron el acceso y el análisis de varios dispositivos móviles, y advierte de que pedirá la nulidad de esas pruebas si no se acredita que fueron obtenidas con las garantías necesarias.

Los abogados de Zapatero han presentado dos escritos ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Su objetivo es conocer el recorrido completo de unos mensajes que han sido utilizados para atribuir al antiguo jefe del Ejecutivo posibles gestiones políticas relacionadas con la aerolínea que recibió 53 millones de euros de ayuda pública en 2021.

La primera petición se refiere al teléfono incautado al abogado Miguel Palomero. En ese dispositivo apareció un grupo de mensajería denominado «Danilo-España», en el que supuestamente participaba el empresario venezolano Danilo Díazgranados.

Dentro de esas conversaciones aparecen menciones a una persona identificada como «Zorro», «Z» o «ZZZZ». Los investigadores vincularon esas denominaciones con Zapatero y concedieron relevancia a varios mensajes relacionados con regalos y contactos en el ámbito político.

La defensa afirma que no ha podido localizar el auto judicial que permitió examinar el dispositivo, leer las conversaciones privadas y utilizar después su contenido para atribuir al expresidente actuaciones que podrían tener relevancia penal.

Por eso reclama que el juzgado entregue o identifique la resolución que dio cobertura a esas actuaciones. En caso de que no exista una autorización judicial suficientemente motivada, los abogados anticipan que promoverán un incidente de nulidad para conseguir que los chats sean retirados del procedimiento.

Los mensajes sobre regalos y las «puertas» políticas

La UDEF consideró que esas conversaciones podían apuntar a la existencia de contactos e intermediaciones dirigidos a favorecer intereses empresariales. Esa interpretación contribuyó a sostener la investigación abierta sobre el papel que pudo desempeñar Zapatero alrededor del rescate concedido a Plus Ultra.

Sin embargo, la defensa no solo cuestiona el significado atribuido a los mensajes. También dirige su estrategia contra el modo en el que fueron obtenidos, analizados y trasladados a esta causa.

Sus abogados sostienen que el acceso al contenido de un teléfono y a las comunicaciones privadas debe contar con una autorización judicial concreta. Consideran que, si los mensajes fueron localizados durante otra investigación, debe acreditarse igualmente qué decisión permitió utilizarlos posteriormente contra Zapatero.

La petición no implica que las conversaciones hayan sido anuladas ni que el procedimiento haya quedado paralizado. Será el juez Calama quien deba comprobar la documentación existente y decidir si la actuación policial y judicial contó con cobertura suficiente.

El segundo teléfono llegó desde Estados Unidos

El otro frente abierto por Zapatero afecta al móvil de Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra y exdirectivo de la compañía, sobre quien pesa una orden internacional de detención.

El dispositivo fue intervenido por las autoridades estadounidenses en mayo de 2021. Su contenido no fue entregado a la Policía española hasta marzo de 2026, casi cinco años después. De ese teléfono proceden nuevas conversaciones que han tenido consecuencias directas en la investigación.

En esos intercambios se alude al expresidente como el «pana» y se mencionan supuestas gestiones realizadas en beneficio de la compañía aérea. Los investigadores interpretan que algunos mensajes podrían relacionar a Zapatero con contactos encaminados a facilitar la obtención del rescate público.

La defensa ha planteado dudas sobre la incautación, la extracción de los datos, la autenticidad de las comunicaciones y la cadena de custodia. También quiere conocer qué autoridad estadounidense autorizó el acceso al dispositivo y en qué condiciones fue entregada la información a España.

El juez Calama ya solicitó a Estados Unidos permiso para incorporar formalmente ese material como prueba en el procedimiento. Con esta iniciativa, el instructor busca obtener las garantías necesarias para que las conversaciones puedan ser utilizadas en la causa y evitar que su validez quede comprometida más adelante.

La defensa de Zapatero ha recurrido la decisión del magistrado sobre esta cuestión y exige que todas las dudas sean aclaradas antes de que el contenido del teléfono sea empleado definitivamente contra el expresidente

Zapatero evitó responder sobre los chats

Esta discusión ya estuvo presente durante la declaración de Zapatero ante la Audiencia Nacional. El expresidente negó haber ejercido cualquier influencia para conseguir que Plus Ultra recibiera los 53 millones de euros y sostuvo que su relación profesional se limitó a trabajos de consultoría para la empresa de su amigo Julio Martínez.

Zapatero aseguró que nunca tuvo sociedades en Dubái ni fuera de España y rechazó haber dado instrucciones para crear una estructura empresarial en Emiratos Árabes. Tampoco respondió sobre determinadas conversaciones intervenidas a directivos de Plus Ultra, debido a que su defensa ya había impugnado su autenticidad y su utilización como prueba.

Tras el interrogatorio, el juez Calama concluyó que las explicaciones ofrecidas no habían logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad recogidos en el auto de imputación. Pese a ello, el magistrado rechazó imponerle medidas cautelares al no apreciar riesgo de fuga.

El procedimiento investiga si alrededor de Plus Ultra funcionó una estructura de intermediación destinada a ejercer influencia sobre responsables políticos y administrativos. Zapatero figura investigado por su supuesto papel dentro de esa red, una acusación que él niega por completo.

La nueva maniobra de su defensa traslada ahora la batalla al origen de las evidencias. Antes de discutir únicamente qué significan «Zorro», «ZZZZ» o el «pana», sus abogados pretenden determinar quién autorizó la entrada en los teléfonos, cómo se extrajo la información y si las conversaciones llegaron al sumario respetando todas las garantías legales.