La UCO desmonta a Begoña Gómez: la mujer de Pedro Sánchez ocultó a la Complutense los derechos del software

La Guardia Civil sostiene que la esposa de Pedro Sánchez sí desarrolló actividad mercantil con Transforma TSC SL, que la plataforma llegó a funcionar y que la Universidad Complutense no pudo proteger su propiedad intelectual porque la cátedra nunca comunicó formalmente el resultado de la investigación.

Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya.Europa Press

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Juan Carlos Peinado un nuevo informe que refuerza los indicios contra Begoña Gómez y cuestiona algunos de los principales argumentos de defensa esgrimidos por la esposa del presidente del Gobierno. El atestado, fechado el 21 de mayo de 2026, aborda tanto la presunta apropiación indebida de la plataforma tecnológica desarrollada desde la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como la actividad de la sociedad mercantil Transforma TSC SL.

El informe sostiene que la Universidad Complutense no pudo ejercer correctamente sus derechos sobre la propiedad intelectual del software porque la propia cátedra, responsable del proyecto, nunca comunicó formalmente a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) la finalización del desarrollo, tal y como exige la normativa universitaria.

Según los investigadores, "la OTRI no habría podido gestionar debidamente los derechos de propiedad de la Plataforma, ante la ausencia de la comunicación previa por la unidad responsable del proyecto, en este caso la Cátedra". Tras analizar toda la documentación aportada por la universidad, la Guardia Civil asegura que no ha localizado la comunicación escrita obligatoria ni ningún elemento que permita concluir que ese trámite llegó a realizarse.

Uno de los aspectos más relevantes del informe desmonta otra de las tesis mantenidas por la defensa de Begoña Gómez: que la plataforma nunca llegó a estar operativa.

La UCO afirma que, aunque no realizó una prueba técnica directa sobre el software, la documentación analizada acredita que "el desarrollo de la Plataforma fue dado por finalizado", sometiéndose posteriormente a pruebas funcionales antes de ponerse a disposición tanto de grupos de pequeñas y medianas empresas como del público general a través del portal web transformatsc.org, tal y como estaba previsto desde el inicio del proyecto.

Los agentes añaden que la herramienta fue utilizada en talleres promocionales y que llegó a estar disponible para empresas interesadas en medir su impacto social.

El informe dedica un amplio apartado a la titularidad de la plataforma. Tras analizar los contratos suscritos durante el desarrollo, la normativa interna de la universidad y las declaraciones de distintos participantes, la Guardia Civil concluye que la propiedad intelectual del software correspondería a la Universidad Complutense.

Los investigadores consideran que la cesión realizada por los desarrolladores fue suficiente desde un punto de vista técnico, pero no cumplió los requisitos formales exigidos por la legislación sobre propiedad intelectual.

La UCO recuerda además que el reglamento de las cátedras extraordinarias obliga a comunicar por escrito cualquier resultado susceptible de protección para que la universidad pueda decidir si registra la patente, el software o cualquier otro derecho derivado de la investigación.

El informe también destaca que miembros de la cátedra, entre ellos Blanca de Juan y Cristina Álvarez, participaron de forma continuada en reuniones y comunicaciones sobre el desarrollo del proyecto y recibieron documentación relativa a las pruebas funcionales cuando el software ya estaba terminado.

Asimismo, la investigación revela que la empresa Devoteam mantuvo una reunión el 26 de mayo de 2023 con responsables del Servicio de Sistemas de la UCM para entregar el entorno de producción de la plataforma, ya finalizada y pendiente únicamente de las últimas comprobaciones técnicas. Incluso el rol de propietario ("owner") del sistema figuraba asignado a una cuenta institucional de la propia universidad.

La empresa de Begoña Gómez sí emitió facturas

Otro de los puntos que cuestiona directamente la estrategia de defensa afecta a Transforma TSC SL, la sociedad unipersonal constituida por Begoña Gómez en 2023 con una denominación prácticamente idéntica a la de la cátedra universitaria.

Archivo - La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez, a su salida de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla el pasado febrero.Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Hasta ahora, su defensa había sostenido que la empresa nunca desarrolló actividad económica. Sin embargo, la UCO asegura que esa afirmación no se corresponde con la documentación bancaria analizada.

"A pesar del corto periodo de vida de la mercantil (...), esta efectivamente llegó a mantener una actividad comercial", señala literalmente el informe. Los investigadores han localizado dos facturas emitidas por la sociedad por un importe total de 6.687,85 euros a una pequeña empresa cuyo responsable se había registrado previamente en la plataforma digital desarrollada desde la cátedra. Aunque la Guardia Civil no ha encontrado más ingresos, sí destaca que la empresa quedó inactiva cuando se abrió la investigación judicial en abril de 2024.

La UCO también pone el foco en las similitudes existentes entre la plataforma universitaria y la empresa privada creada por Begoña Gómez. Según los investigadores, la coincidencia en la denominación comercial, el objeto de ambas iniciativas y la imagen pública de Gómez, unida a la ausencia de un aviso legal claro en la página web que identificara a los responsables del proyecto, podía generar dudas razonables sobre si la sociedad mercantil participaba en la explotación de la plataforma.

El Juez Juan Carlos Peinado retirará el miércoles el pasaporte a Begoña Gómez

Además, el informe llama la atención sobre el hecho de que determinados gastos relacionados con el proyecto fueran abonados directamente con dinero personal de Begoña Gómez, mientras otros similares eran sufragados por la Universidad Complutense. En concreto, la esposa del presidente pagó desde una cuenta compartida con su marido 206,57 euros correspondientes al registro de la marca y otros 118,58 euros por el dominio transformatsc.org, una circunstancia que, según la UCO, resulta llamativa al compararla con otros desembolsos vinculados a la cátedra que sí fueron asumidos con fondos universitarios.

Posibles irregularidades en los contratos y en la labor de Cristina Álvarez

El informe incorpora además nuevas sospechas sobre la adjudicación de contratos relacionados con el desarrollo del software. En el caso de Deloitte, los investigadores consideran que los contratos "estaban premeditados" y sostienen que la consultora comenzó a trabajar antes incluso de la adjudicación formal del primer contrato. También apuntan a posibles limitaciones de la competencia mediante ofertas simuladas que habrían favorecido a la multinacional.

La Guardia Civil mantiene igualmente que Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, desarrolló funciones continuadas dentro de la cátedra pese a carecer de relación contractual con la Universidad Complutense.

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, a su salida tras declarar como investigado en el 'caso Begoña Gómez'.Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Según el informe, su trabajo respondía "íntegramente" a funciones de gestión y apoyo a la dirección de la cátedra, motivo por el que los investigadores la consideran integrada de facto en su equipo de trabajo.

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Con estos nuevos indicios, el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta la investigación contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. El magistrado ya ha planteado la posibilidad de que el procedimiento termine celebrándose ante un tribunal del jurado, aunque la decisión definitiva dependerá de lo que resuelva la Audiencia Provincial de Madrid sobre los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía, ambas partidarias del archivo de la causa.