El Supremo pone contra las cuerdas la regularización masiva del Gobierno y amenaza con llevarla al TJUE
El alto tribunal duda de que conceder residencia temporal de forma general a inmigrantes en situación irregular choque con la normativa europea.
Decenas de migrantes hacen cola en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a 6 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno ante las dudas sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concedido un plazo de cinco días a las partes personadas para que se pronuncien sobre la conveniencia de formular una cuestión prejudicial al TJUE. La decisión se produce en el marco de los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón contra el proceso de regularización.
En dos providencias, la Sala Tercera advierte de que el régimen previsto por el Ejecutivo podría entrar en colisión con las normas europeas que desarrollan el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.
Los magistrados plantean concretamente si resulta compatible con la Directiva de Retorno que las personas que se encuentran en situación irregular en España no sean sometidas a una orden de expulsión o retorno y reciban, en cambio, un permiso de residencia temporal de carácter general.
El Supremo cuestiona que ese derecho de residencia pueda reconocerse únicamente por el hecho de haber permanecido irregularmente en territorio español, al margen de las excepciones concretas contempladas en la normativa comunitaria.
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El Supremo deberá decidir sobre las medidas cautelares
Las providencias han sido dictadas antes de que el tribunal se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por los gobiernos autonómicos recurrentes.
Antes de adoptar una decisión, la Sala quiere conocer la opinión de todas las partes sobre la posibilidad de acudir a la Justicia europea para que determine si la regularización extraordinaria se ajusta al Derecho de la Unión.
La apertura de este trámite no supone todavía que el Supremo haya decidido remitir el asunto al TJUE ni que haya suspendido definitivamente la medida, pero confirma que los magistrados aprecian dudas jurídicas relevantes sobre el encaje europeo del procedimiento promovido por el Gobierno.