Ábalos solicita al Supremo suspender su ingreso en prisión como hizo con Aldama y denuncia una condena basada en pruebas insuficientes

José Luis Ábalos ha dado un nuevo paso en su estrategia judicial tras ser condenado en la primera sentencia del denominado caso Koldo. El exministro de Transportes ha presentado ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad con el que pretende dejar sin efecto la resolución que le impuso 24 años de prisión y, mientras se resuelve, solicita que se suspenda la ejecución de la pena para poder abandonar la cárcel.

El escrito, elaborado por su abogado Marino Turiel y con una extensión de 125 páginas, fue registrado apenas tres semanas después de conocerse la sentencia. Ábalos permanece en prisión provisional desde noviembre de 2025 y ahora reclama un tratamiento similar al que recibió el empresario Víctor de Aldama, cuya condena de cuatro años y medio de cárcel quedó suspendida tras su colaboración con la Justicia.

Entre los argumentos de la defensa figura la crítica a la diferencia de penas entre los distintos condenados. El exministro considera injustificado que él haya recibido una condena de 24 años y su exasesor Koldo García otra de 19, mientras que Aldama obtuvo una pena muy inferior.

"El tribunal (...) obvia la desproporción de la pena que impone a los condenados con la que impone al delator, pese a ser el que mandaba y el nexo corruptor, y lo hace basándose en corroboraciones más que endebles sino totalmente inexistentes", sostiene el recurso presentado por la defensa.

Ábalos también cuestiona la decisión de enviarlo a prisión provisional cuando todavía ocupaba un escaño en el Congreso. Según mantiene, aquella medida se adoptó "sin motivación reforzada suficiente", lo que, a su juicio, supuso la "vulneración" del "derecho a la libertad personal, el derecho al ejercicio del cargo representativo y el derecho a una resolución judicial suficientemente motivada en relación con la prisión provisional acordada respecto de un diputado en activo".

En ese sentido, el recurso afirma que "la medida, por tanto, no puede considerarse una restricción cautelar constitucionalmente legítima, sino una afectación desproporcionada e insuficientemente justificada de derechos fundamentales de máxima intensidad, con proyección directa sobre el mandato parlamentario y sobre la representación política de los ciudadanos que lo eligieron".

La defensa insiste además en que la situación de un parlamentario en activo exige una protección especial y sostiene que la prisión provisional "acordada sin mediar flagrante delito y durante la vigencia del mandato parlamentario, no puede ser tratada como una medida cautelar personal ordinaria", ya que, según expone, "afecta, simultáneamente, a la libertad personal, al derecho de participación y ejercicio del cargo representativo, a la tutela judicial, al proceso con todas las garantías y a la garantía institucional de inmunidad parlamentaria".

Más allá de la petición de libertad, el recurso solicita la nulidad de la sentencia al entender que durante el procedimiento se vulneraron varios derechos fundamentales. Entre ellos, cita una supuesta limitación del derecho de defensa por la "denegación de acceso efectivo a la fuente original de la prueba digital", en referencia a los dispositivos intervenidos y a sus copias realizadas durante la investigación.

Asimismo, la defensa denuncia un supuesto "déficit de control judicial sobre la cadena de custodia" de la información personal intervenida, circunstancia que, a su juicio, habría supuesto una vulneración de su derecho a la intimidad.

El escrito también hace referencia a las filtraciones aparecidas en distintos medios de comunicación sobre informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, especialmente aquellos relacionados con su patrimonio. Ábalos sostiene que tuvo conocimiento de parte de ese contenido a través de las publicaciones periodísticas antes de que dicha documentación fuera trasladada oficialmente a su representación legal.

Con este incidente de nulidad, el exministro intenta que el Tribunal Supremo revise tanto la condena impuesta como la decisión de mantenerlo en prisión, al considerar que la resolución presenta importantes defectos procesales y una valoración de la prueba que califica de insuficiente.