Iustitia Europa lleva al Supremo el impacto electoral de la Ley de Nietos y exige auditar el censo exterior
La formación de Luis María Pardo logra una vista pública para exigir la suspensión o auditoría de las altas en el censo exterior ante la falta de datos sobre su origen y trazabilidad
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa
El Tribunal Supremo ha acordado celebrar una vista oral y pública para estudiar las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa contra los posibles efectos electorales de las nacionalizaciones vinculadas a la denominada Ley de Nietos.
La cita tendrá lugar el próximo 7 de septiembre a las 10.00 horas ante la Sala Tercera. El partido fue el primero en impugnar el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central, relativo a la incorporación al Censo Electoral de Residentes Ausentes —CERA— de los nuevos nacionalizados.
Altas sin cifras claras ni suficiente control
Iustitia Europa denuncia que no existe una cifra pública exacta de las nuevas altas censales ni información suficiente sobre su distribución territorial, el consulado de procedencia, la vía de adquisición de la nacionalidad o la documentación que respalda cada inscripción.
La formación reclama como medida principal la suspensión provisional de esas altas hasta comprobar su legalidad y trazabilidad. Como alternativa, exige su identificación separada, revisión prioritaria y auditoría, además de la conservación de todos los documentos, registros electrónicos y metadatos.
El propio Supremo ha justificado la celebración de la vista por “la relevancia y alcance” de las cuestiones jurídicas planteadas.
“No se puede permitir que se produzcan consecuencias irreversibles en un próximo proceso electoral”, ha advertido el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, quien exige transparencia y el estricto cumplimiento de la legislación electoral.
El Supremo todavía no ha resuelto las cautelares ni se ha pronunciado sobre el fondo del recurso, pero la convocatoria supone que el impacto de la Ley de Nietos sobre el censo exterior será sometido a debate judicial antes de unas futuras elecciones.