El juez Pedraz salva por el momento a Mercedes González: seguirá al mando de la UCO aunque por un matiz importante

Rechaza retirar a la directora de la Guardia Civil y a su número dos, Manuel Llamas, las competencias de mando sobre la UCO pese a estar ambos investigados en el caso Leire. El magistrado entiende que la unidad actúa exclusivamente como policía judicial bajo sus órdenes y aplaza además varias declaraciones clave.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su llegada a la Audiencia NacionalEduardo Parra / Europa Press

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la petición de la acusación popular para impedir que la directora del Instituto Armado, Mercedes González, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, continúen ejerciendo el mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO), precisamente la unidad encargada de investigar una causa en la que ambos figuran como investigados.

Pedraz explica en su providencia que no aprecia la necesidad de impedir que la directora de la Guardia Civil y su número dos continúen ejerciendo formalmente el mando sobre la UCO porque, en este procedimiento, esa unidad ya está adscrita funcionalmente al juzgado. En concreto, recuerda que la UCO "solo habrá de dar cuenta a este instructor" y añade que, si los agentes consideran que sufren cualquier tipo de presión o interferencia en el desarrollo de su trabajo, deberán comunicarlo inmediatamente al juzgado.

En la práctica, el juez entiende que la condición de policía judicial de la UCO neutraliza el riesgo que denunciaba la acusación popular. Aunque Mercedes González conserva orgánicamente su cargo como directora de la Guardia Civil, los investigadores de esta causa no dependen de sus instrucciones mientras desarrollan las diligencias judiciales, sino únicamente de las órdenes del magistrado instructor.

El PP alertó del riesgo de presiones sobre la UCO

La petición había sido formulada por la acusación popular unificada, coordinada por el Partido Popular. Esta parte sostenía que la permanencia de Mercedes González y Manuel Llamas al frente de la Guardia Civil resulta incompatible con los hechos investigados, al mantener ambos capacidad de mando sobre los agentes de la UCO que investigan la presunta trama.

Además de apartarles de cualquier función de dirección sobre la unidad, la acusación solicitó que se les prohibiera iniciar o resolver expedientes disciplinarios, acceder a documentación relacionada con la investigación o mantener contacto con los agentes y testigos que ya han declarado en la causa.

A juicio de la acusación popular, existía un riesgo evidente de posibles represalias, ya que varios mandos de la UCO que han comparecido ante el juez para relatar las presiones sufridas continúan dependiendo orgánicamente de los dos investigados.

Leire Díez todavía no declarará

La resolución de Pedraz también deja claro que todavía no es el momento de citar como investigada a Leire Díez, a quien el juez atribuye la coordinación de la presunta red destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

El magistrado ha explicado que primero espera recibir íntegramente la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde aún está pendiente un informe pericial. Una vez incorporadas esas actuaciones, decidirá cuándo procede tomar declaración a la exmilitante socialista.

Tampoco comparecerán por ahora el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ni el expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano. En este último caso, el juez ha indicado que esperará a que se complete el volcado y análisis del contenido de su teléfono móvil, una diligencia prevista para el próximo 18 de agosto.

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Por último, Pedraz ha rechazado, al menos de momento, imputar a un vicesecretario y a una responsable de Recursos Humanos de Correos. La acusación popular les señalaba por su presunta participación en la creación del puesto que ocupó Leire Díez en la empresa pública, un nombramiento que la UCO considera bajo sospecha al entender que pudo servir para favorecer a la supuesta trama investigada.