Zapatero intenta cerrar el grifo a la UDEF ante el examen de las cuentas de su familia
El expresidente pide al juez Calama que retire a la Policía la posibilidad de ampliar por su cuenta las pesquisas bancarias y exige autorización judicial para cada nueva indagación.
José Luis Rodríguez Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una nueva batalla judicial para tratar de limitar el rastreo de la UDEF sobre sus movimientos financieros y los de su entorno más próximo. Su defensa ha recurrido la resolución del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que autoriza a la Policía a profundizar en varias cuentas bancarias vinculadas al expresidente, a sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa y a otras personas investigadas en la causa relacionada con el rescate de Plus Ultra.
El recurso no se opone frontalmente a que los agentes analicen la información bancaria solicitada por el magistrado. La defensa concentra sus críticas en la facultad concedida a la UDEF para «ampliar la información que se considere pertinente», al entender que esta expresión permite a los investigadores extender las pesquisas sin tener que solicitar una autorización judicial específica para cada nueva diligencia.
El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, califica esta posibilidad como una «delegación en blanco» y sostiene que puede abrir la puerta a una investigación prospectiva. En su escrito, alega que una indagación bancaria sin unos límites suficientemente concretos podría afectar al derecho a la intimidad, a la protección de los datos personales y a las garantías procesales de los afectados.
La defensa reclama que cualquier ampliación del rastreo tenga que ser acordada previamente por el juez mediante una resolución motivada. También solicita que las entidades financieras únicamente entreguen la documentación relacionada de forma directa con las operaciones señaladas en los informes policiales, evitando que la Policía acceda de manera general a toda la actividad económica de los investigados.
Zapatero pretende además reducir el periodo temporal sometido a examen. El auto permite estudiar movimientos desde enero de 2020 hasta la actualidad, pero su representación legal pide que el análisis termine en diciembre de 2025, fecha en la que, según argumenta, concluyen las operaciones recogidas por la UDEF.
El recurso también cuestiona que las entidades bancarias tengan que aportar comunicaciones mantenidas con sus clientes. La defensa sostiene que correos, mensajes y otras conversaciones pueden estar protegidos por el secreto de las comunicaciones y considera que su entrega supondría una intromisión desproporcionada que no estaría justificada por el objeto de la causa.
Otra de las peticiones es que toda la información que finalmente resulte ajena a la investigación sea destruida bajo la supervisión del letrado de la Administración de Justicia. Zapatero también quiere que la UDEF esté obligada a reflejar en sus informes no solo los datos que puedan sostener las sospechas policiales, sino también aquellos que favorezcan o descarten la participación de los investigados.
La resolución recurrida autorizó a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción a examinar decenas de productos financieros. Entre ellos figuran cuentas relacionadas con Zapatero, sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar, el empresario Julio Martínez y diferentes sociedades que aparecen en los informes incorporados a la investigación.
El objetivo del juez es comprobar la trazabilidad de varios flujos de dinero detectados por la Policía y contrastar si las operaciones tienen una justificación económica real. Las diligencias forman parte del procedimiento que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Una de las empresas analizadas es Whathefav, la agencia de comunicación administrada por las hijas del expresidente. Según los informes policiales difundidos, desde esta sociedad se habrían realizado transferencias por un total de 447.095 euros a las cuentas personales de Alba y Laura Rodríguez Espinosa entre 2021 y 2025. Zapatero aparecía como autorizado en esas cuentas, aunque corresponde a la instrucción determinar la naturaleza y legalidad de esos movimientos.
Los agentes también examinan las relaciones económicas entre el expresidente y Análisis Relevante, la consultora del empresario Julio Martínez. El instructor pretende aclarar si los pagos detectados respondieron a servicios profesionales efectivamente prestados o si, como sospechan los investigadores, algunas sociedades fueron empleadas para canalizar fondos y dificultar el seguimiento de su origen y destino.
La investigación alcanza igualmente a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, por su intervención en la gestión de comunicaciones, documentos y reuniones. La UDEF puso además el foco en la adquisición de una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, aunque los propios informes indicaban que hasta ese momento no se había acreditado que Alcázar recibiera directamente dinero de la estructura empresarial investigada.
El juez Calama deberá decidir ahora si acepta las limitaciones solicitadas por Zapatero o mantiene el margen de actuación concedido a la UDEF. Mientras tanto, la defensa intenta evitar que el análisis de las cuentas se transforme, según denuncia, en una revisión indiscriminada de las finanzas del expresidente y de su familia.