La invasión de Ceuta nos sale cara: Sánchez destina 25 millones para los menas que han entrado de Marruecos

La invasión de Ceuta empieza a pasarle factura a las arcas públicas y a los impuestos de todos los españoles. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una nueva inyección extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores extranjeros no acompañados -los llamados menas- llegados a la ciudad autónoma procedentes de Marruecos durante la reciente crisis, una decisión que vuelve a situar el coste económico de la gestión migratoria en el centro del debate político.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado este martes que el Gobierno habilitará una partida adicional de 25 millones de euros, que se sumará a los 5,5 millones ya aprobados el pasado mes de julio durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Con esta nueva dotación, el Ejecutivo de Sánchez elevará a 30,5 millones de euros el gasto extraordinario destinado a Ceuta para hacer frente a la atención de menas llegados desde Marruecos, mientras la presión migratoria continúa marcando la agenda política nacional.

Durante su comparecencia, Elma Saiz ha defendido la actuación del Ejecutivo en la crisis de la invasión desde Marruecos y aseguró que esta financiación demuestra que el Gobierno "ha estado y va a seguir estando" al lado de Ceuta y, especialmente, de "los más vulnerables". Sin embargo, el anuncio llega en un contexto de fuertes críticas a la política migratoria de Pedro Sánchez. Los partidos de la oposición reprochan al Ejecutivo haber reaccionado tarde ante la crisis y denuncian que la falta de control fronterizo ha obligado ahora a destinar decenas de millones de euros para afrontar las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes.

La nueva partida del Gobierno de Sánchez para menas también reabre el debate sobre el reparto de los menores entre las comunidades autónomas y sobre el coste que supone para las administraciones públicas la atención, acogida y tutela de estos jóvenes. Mientras el Gobierno defiende que se trata de una obligación legal y humanitaria, sus detractores sostienen que el desembolso es consecuencia directa del fracaso de la política migratoria del Ejecutivo y de su incapacidad para evitar que se repitan episodios de presión migratoria como el vivido en Ceuta.