El juez del caso Plus Ultra ordena a la UDEF un informe exhaustivo sobre la evolución del accionariado de la aerolínea
La investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra suma un nuevo paso. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la UDEF un análisis detallado de todos los cambios en la propiedad de la compañía desde su creación, con especial atención a la entrada de capital venezolano y su posible incidencia en la concesión de las ayudas.
Avión de Plus Ultra.
La investigación judicial sobre el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia continúa avanzando. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la elaboración de un informe "exhaustivo" sobre la evolución de la propiedad del capital social de la compañía desde su constitución.
La decisión, adoptada a petición de la Fiscalía, busca reconstruir con detalle la historia accionarial de Plus Ultra y analizar cómo fueron evolucionando sus socios, las aportaciones de capital y la estructura de control de la empresa, especialmente a partir de 2017.
En su escrito, el Ministerio Público recuerda que la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola —investigado en la causa— y Fernando González Enfedaque. Sin embargo, destaca que el accionariado experimentó cambios especialmente relevantes desde 2017, con la incorporación al capital y a los órganos de gestión de personas de origen venezolano.
La Fiscalía considera que desde ese momento la sociedad pasó a estar controlada por nuevos accionistas que realizaron aparentes aportaciones de capital, entre ellos el empresario Rodolfo Reyes, actualmente en situación de busca y captura.
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El objetivo del informe solicitado a la UDEF será determinar cómo se produjo la entrada de ese capital venezolano mediante distintas escrituras públicas y evaluar el alcance de esas operaciones. Según el Ministerio Público, resulta especialmente relevante comprobar si esos cambios pudieron influir en la situación de la compañía cuando solicitó las ayudas públicas concedidas por el Estado.
Para ello, la Policía deberá analizar toda la historia registral de Plus Ultra desde 2011 hasta la actualidad, incluyendo los cambios accionariales, los desembolsos efectivos de capital, la evolución de la propiedad y cualquier otro aspecto relacionado con la financiación de la empresa que pueda resultar de interés para la investigación.
Esta nueva diligencia se enmarca en la instrucción que dirige el magistrado José Luis Calama sobre las presuntas irregularidades en la concesión del rescate de Plus Ultra, una causa que continúa sumando actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se aprobaron las ayudas públicas y el papel desempeñado por los distintos implicados.