Vox tensa la cuerda y obliga al PP a retratarse ante la «traición» de Sánchez
Abascal necesita 88 diputados para activar el artículo 102 y convierte la crisis de Ceuta en una doble prueba para Génova: en el Congreso y en sus gobiernos autonómicos junto a la formación de Bambú
El presidente de VOX, Santiago Abascal
Vox ha decidido que la crisis de Ceuta no termine en una bronca veraniega, unas cuantas comparecencias parlamentarias y el habitual reparto de culpas. Santiago Abascal quiere llevar a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado. El movimiento apunta a Moncloa, pero obliga primero al PP a retratarse.
La formación promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución, reservado para exigir responsabilidades criminales al presidente y a los miembros del Gobierno. Abascal sostiene que existen “indicios y evidencias más que suficientes” y señala especialmente el conocimiento previo que atribuye al Ejecutivo sobre lo que iba a suceder en Ceuta.
“La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales”, proclama el presidente de Vox. También reclama la desclasificación de todas las comunicaciones mantenidas con Marruecos antes, durante y después de la entrada masiva, además de los informes elaborados por los servicios de inteligencia y los organismos responsables de la seguridad nacional.
La iniciativa necesita una cuarta parte del Congreso: 88 diputados. Vox tiene 33. Sin el PP no hay ni siquiera puerta a la que llamar. Génova debe decidir si aporta los escaños necesarios para abrir el procedimiento o rechaza una acusación que comparte buena parte del electorado situado a su derecha.
Incluso con el apoyo popular, Abascal afrontaría después otra dificultad. La acusación exige la aprobación por mayoría absoluta y PP y Vox suman 170 diputados, seis menos de los necesarios. Haría falta incorporar a otro grupo parlamentario. La operación tiene escasas posibilidades de prosperar, pero su rendimiento político comienza mucho antes de cualquier votación.
El mismo pulso en las autonomías
Abascal no abre este frente desde cero. Sus vicepresidentes en Extremadura, Aragón y Castilla y León ya han comunicado a la ministra Sira Rego que no acudirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 13 de agosto. Las tres comunidades, gobernadas en coalición con el PP, rechazan recibir a los menores extranjeros llegados a Ceuta.
Óscar Fernández, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán exigen que el Gobierno paralice cualquier traslado hasta completar los expedientes individualizados, localizar a las familias y valorar el retorno a Marruecos. También han advertido de que impugnarán judicialmente aquellos procedimientos que no terminen con la reunificación familiar o la entrega a las autoridades tutelares marroquíes.
El PP nacional ha defendido que sus gobiernos cumplirán la ley. Vox, que esta vez no amenaza con romper las coaliciones, exige resistencia política y judicial. La cuerda se estira sin llegar todavía a partirse, pero obliga a los populares a explicar cómo piensan cumplir simultáneamente la norma estatal y los acuerdos firmados con sus socios.
Ahora Abascal traslada esa misma presión al Congreso. Feijóo puede acompañar una acusación de enorme gravedad y recorrido incierto o dejar solo a Vox después de responsabilizar también a Sánchez de la desprotección de Ceuta. El artículo 102 difícilmente derribará al Gobierno con la aritmética actual. Para obligar al PP a que se retrate, sin embargo, a Vox le basta con obligarlo a votar.