El juez Pedraz recibe un informe que destapa una nueva grieta en el caso hidrocarburos
Un análisis fiscal incorporado a la causa de la Audiencia Nacional sostiene que la empresa repercutió el impuesto en determinadas ventas de combustible pero no ingresó esas cantidades en las arcas públicas.
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Una de las claves económicas del caso hidrocarburos pasa ahora por seguir el recorrido del IVA en una operación concreta realizada en 2023. La Audiencia Nacional ha recibido un informe fiscal que examina cómo se facturó una compraventa de combustible entre Villafuel y Canary Islands Fuel Company SL, Cifuel, y qué ocurrió después cuando ese producto llegó al cliente final.
El documento ha sido presentado ante el juez Santiago Pedraz por la defensa de Oriana Elisset Aciego, administradora de Cifuel e investigada en la causa.
El análisis sostiene que, en determinadas ventas, Cifuel trasladó a sus compradores el coste correspondiente al IVA y recibió esas cantidades junto al precio del combustible. Sin embargo, esas cuotas no habrían sido posteriormente ingresadas en Hacienda.
La operación examinada se remonta al 5 de abril de 2023 y forma parte de una relación comercial que ambas sociedades habían puesto en marcha meses antes. Villafuel suministraba productos petrolíferos a Cifuel para su posterior venta a otros distribuidores.
El funcionamiento fiscal de esas operaciones resulta esencial para entender lo que ahora se analiza en la Audiencia Nacional.
El combustible permanecía inicialmente almacenado en instalaciones acogidas al régimen de Depósito Distinto del Aduanero de Exolum. Mientras los productos continuaban dentro de ese circuito, las ventas podían beneficiarse de un régimen que evitaba la repercusión inmediata del IVA.
Por esa razón, Villafuel entregaba el combustible a Cifuel sin añadir el impuesto a la factura.
La situación cambiaba cuando el carburante abandonaba el depósito y era comercializado fuera de él. En ese momento, Cifuel emitía las facturas destinadas a los compradores finales e incorporaba las cuotas de IVA.
Es precisamente en este punto donde el informe detecta la anomalía. Su análisis considera que en aquellas operaciones debía operar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo y que, por tanto, Cifuel no debía haber cobrado esas cantidades del modo en que lo hizo.
El dinero correspondiente al impuesto fue, según el documento, abonado por empresarios y profesionales que adquirieron el combustible, pero no terminó ingresándose en la Agencia Tributaria.
La documentación llega a una investigación mucho más amplia sobre un presunto fraude fiscal en el mercado de los hidrocarburos.
Villafuel ocupa una posición central dentro de las pesquisas dirigidas por Pedraz, mientras que Cifuel también aparece bajo la lupa de los investigadores.
La UCO ha atribuido a Oriana Elisset Aciego un papel de testaferro dentro de la presunta organización. Los agentes sostienen que habría actuado siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama y Claudio Rivas con el objetivo de mantenerlos alejados formalmente de la administración directa de determinadas sociedades.
La dimensión económica del procedimiento es muy superior a la operación concreta estudiada en este último informe. El juez ha situado en 231,7 millones de euros el presunto fraude de IVA investigado entre 2021 y 2024.
El nuevo documento no atribuye por sí solo toda esa cantidad a Cifuel. Su importancia reside en que reconstruye una operativa específica y pone sobre la mesa cómo una parte del IVA cobrado a los compradores, según sus conclusiones, no acabó donde debía: en Hacienda.