Anticorrupción abre la puerta a imputar al PSOE por el caso de sus «cloacas»
La Fiscalía describe una «estructura paralela» creada desde Ferraz para neutralizar procedimientos judiciales, mientras la UCO rastrea 81 cuentas y más de 43.000 euros abonados a Leire Díez, según documentación incorporada a la causa
Exterior de la Audiencia Nacional
El caso Leire Díez amenaza con saltar definitivamente el cortafuegos que el PSOE había levantado alrededor de Santos Cerdán. La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios que podrían conducir a la imputación del partido como persona jurídica por la actividad de una supuesta red dedicada a proteger a Ferraz y entorpecer investigaciones judiciales incómodas.
No significa que el PSOE haya sido imputado. Significa algo incómodo para la dirección socialista: que el Ministerio Público ya contempla esa posibilidad y atribuye a Ferraz una participación que va más allá de las andanzas particulares de algunos antiguos dirigentes.
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Patricia Rodríguez Corchado
Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Vozpópuli, en la causa aparece “indiciariamente perfilada” la responsabilidad de personas vinculadas al partido durante la etapa de Cerdán como secretario de Organización. El objetivo habría sido proteger a la cúpula socialista y “neutralizar procedimientos judiciales”.
Anticorrupción llega a describir una “estructura paralela” impulsada desde Ferraz y sitúa a Leire Díez al frente de unas maniobras que, supuestamente, eran comunicadas a Cerdán. La investigación trata ahora de determinar quién daba las órdenes, quién conocía las operaciones y, sobre todo, quién pagaba la factura.
El dinero estrecha el cerco
La UCO sigue precisamente ese rastro económico. Según ha publicado Libertad Digital, los agentes investigan 81 cuentas abiertas en doce entidades financieras desde las que se podrían haber canalizado pagos relacionados con la trama. Más de sesenta estarían vinculadas al abogado Ismael Oliver o a sociedades de su entorno.
La Fiscalía cifra en más de 43.000 euros los pagos opacos realizados a Leire Díez. Además, el juez Santiago Pedraz ha citado para el próximo 9 de septiembre, en calidad de investigados, a Oliver y a la gerente federal socialista, Ana María Fuentes Pacheco. Esta última habría participado, según un informe de la Guardia Civil, en la elaboración de dos notas de encargo profesional supuestamente simuladas.
Durante meses, el PSOE ha defendido que Leire Díez actuaba por libre y que Cerdán, ya convertido en cadáver político, debía cargar con el mochuelo. El problema para Ferraz es que la Fiscalía ya no habla únicamente de personas descarriadas. Habla de una estructura, de pagos y de una finalidad política.
El cortafuegos sigue levantado. Pero el cerco ya ha llegado a la puerta del partido.