Marlaska prometió devolverlos a todos: tres semanas después miles siguen todavía en Ceuta

Fernando Grande-Marlaska fue bastante rotundo cuando Ceuta acababa de sufrir una entrada migratoria sin precedentes. España y Marruecos habían acordado devolver “lo antes posible” a “todas” las personas que hubieran accedido ilegalmente a la ciudad autónoma. Tres semanas después, aquella promesa suena a cuento chino.

La mayoría de quienes cruzaron la frontera ha regresado ya a Marruecos, pero miles de inmigrantes continúan en Ceuta. Ni siquiera existe una cifra exacta: mientras el Gobierno maneja alrededor de 5.000 personas, las autoridades ceutíes elevan considerablemente el número de quienes permanecen en la ciudad.

Y la terminología utilizada por el Ejecutivo también ha cambiado. De las devoluciones anunciadas durante las primeras horas se ha pasado a habilitar nuevos dispositivos de acogida, tramitar solicitudes de asilo y preparar soluciones en la Península para parte de los menores que no pueden ser repatriados automáticamente.

El Gobierno ha puesto en marcha cuatro nuevos espacios con capacidad para alrededor de 1.500 personas, mientras el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en la atención de unas 500 niñas especialmente vulnerables y en posibles traslados a recursos peninsulares.

Marlaska ha reforzado los equipos de Extranjería precisamente para acelerar las devoluciones. El problema es que aquel “todos” pronunciado al comienzo de la crisis se ha encontrado por el camino con solicitudes de protección internacional, menores sujetos a garantías específicas y procedimientos legales que impiden meter a decenas de miles de personas en el mismo saco. Así que ese “todos” es, de momento, una promesa incumplida para desesperación de los ceutíes.

Gobierno y PP coincidían hace apenas una semana en señalar la repatriación a Marruecos de los menores como prioridad, pero la ley obliga a estudiar individualmente cada caso, localizar a las familias y acreditar que el retorno responde al interés superior del menor. La experiencia de las devoluciones ilegales de 2021 tampoco invita precisamente a improvisar.

Así que tres semanas después de aquella contundencia inicial, Ceuta sigue esperando recuperar la normalidad. Hay nuevos campamentos, más recursos policiales, miles de personas pendientes de resolver su situación y un Gobierno obligado a gestionar una realidad bastante más compleja que la que cabía dentro de una promesa de dos palabras: devolverlos a todos.

Interior empieza a mirar las huellas hacia Europa

Y hay otra incógnita que aumenta las preguntas sobre la velocidad de reacción del Ministerio. Interior ha comenzado a trabajar en el cotejo de las huellas de los inmigrantes que permanecen en Ceuta con bases de datos europeas, una comprobación destinada a averiguar si alguno de ellos figura previamente identificado o registrado en otros países.

La medida resulta especialmente relevante después de que la crisis de Ceuta provocara inquietud entre los socios comunitarios. Veintidós países llegaron a señalar determinadas políticas españolas como posible “factor de atracción” y los ministros de Interior de la UE acordaron reforzar fronteras, retornos y mecanismos de alerta temprana.

El cotejo biométrico permitiría conocer mejor quién permanece en territorio español y detectar antecedentes administrativos en los sistemas europeos. La cuestión que queda por aclarar es por qué esa comprobación no se habría realizado de forma generalizada desde los primeros días y cuál es exactamente el alcance del dispositivo activado ahora. La crisis cumple ya tres semanas y continúa produciendo medidas nuevas, dejando una sensación de improvisación chapucera. La emergencia ha resultado bastante más difícil de resolver que lanzar al aire una simple promesa.