La economía de Ceuta, herida de muerte: hasta 150 millones de pérdidas si el asedio dura seis meses

La Ciudad Autónoma de Ceuta, incorporada a la Corona española desde 1497, cuyos habitantes tienen el apelativo de “Los Caballas” por su relación con los barcos de pesca y el mundo de la mar desde hace más de un siglo, está sufriendo uno de los asedios más duros de su historia, debido a la invasión procedente del Reino Alauita de Marruecos, que, a modo de ocupación, pretende apropiarse de un territorio español perteneciente a la Unión Europea. Ceuta desempeña, además, el importante papel de ser la frontera sur de Europa con el continente africano, jugando un papel destacado incluso en la seguridad del mar Mediterráneo.

En la actualidad, cuenta con una población de 83 mil habitantes y su estatus de Ciudad Autónoma fue adquirido a partir del retorno de España a la democracia y de su encaje dentro de la estructura territorial autonómica. Tiene un presupuesto en 2026 que asciende a 423,9 millones de euros, con unas fuentes destacadas entre las que figuran 177 millones del IPSI, 55,5 millones del Fondo de Suficiencia, 36 millones de su participación en los Fondos del Estado, 14,7 millones del Fondo de Cooperación, 12,7 millones en ingresos por impuestos indirectos, además de transferencias de capital y de Fondos Europeos.

En el capítulo de gasto, la Ciudad Autónoma prioriza la vivienda y el urbanismo, los servicios sociales y la educación, la cultura, el deporte, la digitalización administrativa, las infraestructuras, la movilidad, el medio ambiente, el empleo y el apoyo a empresas. En estos momentos, el gobierno ceutí mantiene un plan plurianual de inversiones 2026-2029 de 237,7 millones de euros, del que el 70% va destinado a la actuación en los barrios, llevando a cabo obras de rehabilitación urbana, playas, movilidad, equipamientos públicos y vivienda.

En el contexto de la invasión, el presupuesto de la ciudad se complementa con ayudas extraordinarias del Estado, entre las que destaca un plan de apoyo al comercio de 15 millones que pretende compensar las pérdidas del comercio dentro de la economía local.

Hablar de Ceuta es hablar de una economía singular, situada en una frontera terrestre con Marruecos, con una estructura productiva dependiente de los servicios, además de la Administración pública, y que cuenta con un PIB per cápita del 65,3% de la UE.

Aunque mantiene un régimen fiscal especial, su economía está fuertemente respaldada por transferencias estatales y, en paralelo, dispone de Fondos Europeos como los FEDER, el Fondo Social Europeo Plus, además de recursos Next Generation, para proyectos de digitalización, energía, educación y apoyo a empresas. A pesar de toda esta situación económico-administrativa, la invasión ha dejado en evidencia su vulnerabilidad, por el cierre de comercios y el golpe seco al turismo, mientras se han reforzado los recursos sanitarios y de acogida.

Si pasamos a la realidad económica del sector privado de Ceuta, sus 83 mil habitantes tienen un 95% de su valor añadido dependiente de los servicios, aunque la Administración pública, la defensa y la seguridad son los grandes empleadores de la ciudad, que está constituida en lo privado por pymes y microempresas, dedicadas fundamentalmente al comercio y a la hostelería, y que cuenta con un sector turístico importante formado por cuatro hoteles de cinco estrellas, empresas de restauración y bares que han sufrido un golpe a causa de la invasión que los deja prácticamente en la quiebra. 

Hay que tener en cuenta, además, que la Feria ceutí, que se tenía que haber celebrado a primeros de agosto, suponía un impacto económico de unos 10 millones de euros que sirven de colchón a varios sectores locales de cara a sobrevivir el resto del año.

Según estimaciones que vienen realizando tanto la Cámara de Comercio como otras organizaciones empresariales de la Ciudad Autónoma, en apenas 21 días de invasión el impacto de las pérdidas económicas que viene sufriendo Ceuta se estima en una cifra cercana a los 35 millones de euros, dejando de lado el impacto de la Feria de agosto, a consecuencia del cierre de comercios y el colapso generado por las 80 mil personas que invadieron ilegalmente la ciudad el 30 de julio.

Si analizamos la cuantificación de las pérdidas que la invasión puede provocar, partiendo de tres ejes de duración de esta, podríamos decir que, si la ocupación dura un mes, las pérdidas rondarían los 40 millones de euros, mientras que, si esta se prolongara seis meses, la cifra de daños económicos se situaría entre los 125 y los 150 millones, o, si este acontecimiento durara un año, las cifras de daños provocados a la economía ceutí no bajarían de los 250 a 300 millones de euros.

Ceuta recibe de la UE una serie de fondos por su condición de frontera exterior, destacando el programa FEDER 2021-2027, con 27,33 millones de euros; un programa propio del Fondo Social Europeo Plus, de 13,04 millones; además de acceso a mecanismos de recuperación y resiliencia como los Next Generation, que suelen destinarse a modernización empresarial, transformación energética, empleo, formación e inclusión social y digitalización, intentando, en términos económicos, reducir las desventajas derivadas de la situación geográfica e impulsando la diversificación de una economía muy dependiente del sector público.

Según datos oficiales, Ceuta tiene en ejecución 93 millones de fondos Next Generation, de los cuales 46 los gestiona la Ciudad Autónoma y 47 corresponden a las actuaciones de la Administración General del Estado, destinados a la digitalización, rehabilitación de edificios, modernización educativa, empleo, sanidad y apoyo a pymes y autónomos, cuyos beneficiarios, según la Administración de la Ciudad Autónoma, son 1.349 ciudadanos. Aunque también se reconoce que muchos proyectos están en fase de implementación y de ejecución parcial, por lo que las cifras dadas hasta el momento corresponden a recursos movilizados y no a aquellos que estén totalmente liquidados.

Cabe señalar que, en el capítulo de consecuencias y daños provocados por la invasión, tanto la Administración de la Ciudad Autónoma como la Cámara de Comercio y distintas asociaciones empresariales de los principales sectores económicos afectados están estudiando la posibilidad de ejercer acciones para pedir indemnizaciones por los daños patrimoniales provocados por la inacción y tardanza del Gobierno en la asunción de sus responsabilidades, a través de los mecanismos de responsabilidad patrimonial del Estado. Es un camino complicado, dada la necesidad de demostrar la provocación de un daño directo y concreto que provenga de una actuación u omisión de la Administración Central o del Gobierno y no simplemente de una situación extraordinaria.