Hazte Oír pone en manos de los ceutíes una denuncia para exigir responsabilidades
La organización facilita gratuitamente un escrito que cualquier ciudadano puede registrar sin abogado ni procurador en el que solicita investigar alertas, órdenes operativas, comunicaciones oficiales e informes policiales y de inteligencia
Inmigrantes en las calles de Ceuta
Hazte Oír quiere que la crisis migratoria de Ceuta deje los despachos políticos y llegue a los tribunales. La organización ha elaborado un modelo de denuncia gratuito con el que cualquier ciudadano puede solicitar que la Justicia investigue lo sucedido desde finales de julio y depure las posibles responsabilidades.
El escrito se dirige contra quienes puedan resultar responsables, con independencia de su cargo o de la Administración a la que pertenezcan. Basta con descargarlo, incorporar los datos personales y presentarlo ante el Juzgado de Instrucción de guardia o el Decanato de los Juzgados. No exige abogado ni procurador.
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La iniciativa llega después de la entrada irregular en la Ciudad Autónoma que, según las cifras del Ministerio del Interior recogidas por Hazte Oír, alcanzó las 72.000 personas. Hasta 50.000 habrían accedido durante la noche del 30 al 31 de julio, desbordando los recursos disponibles y llevando al presidente ceutí a solicitar la declaración de emergencia nacional.
“Los ceutíes tienen derecho a saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y por qué España llegó a esta situación”, sostiene Javier María Pérez-Roldán, letrado y secretario de la asociación. El documento pide esclarecer las alertas previas, las convocatorias difundidas en redes y las instrucciones dictadas durante las jornadas críticas.
Para ello reclama comunicaciones oficiales, órdenes operativas, imágenes e informes policiales y de inteligencia. Paralelamente, Hazte Oír ha iniciado una recogida de firmas dirigida al Congreso. Entre sus propuestas figuran acelerar las devoluciones, impedir la regularización de quienes entren ilegalmente, realizar pruebas de edad obligatorias y facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos, siempre conforme a la legislación aplicable.