El Gobierno blinda las puertas giratorias tras el escándalo de Zapatero: dos años de veto para los ex altos cargos que quieran hacer lobby

Los antiguos altos cargos de la Administración General del Estado (AGE) tendrán que esperar dos años desde su salida del puesto antes de poder desarrollar actividades profesionales de influencia para empresas o entidades privadas en asuntos relacionados con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que trabajaron.

La medida forma parte del «Real Decreto ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés», aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma modifica la Ley 3/2015, que regula el ejercicio del alto cargo, con el propósito de reforzar la integridad pública y prevenir posibles conflictos de intereses.

El nuevo régimen pretende poner mayores límites a las llamadas puertas giratorias y evitar que los conocimientos, contactos y responsabilidades adquiridos durante el desempeño de un cargo público puedan utilizarse de forma inmediata en favor de intereses privados.

Control de los contactos con los ‘lobbies’

Una de las principales novedades afecta a las relaciones entre los responsables públicos y los grupos de interés. La regulación considera infracción grave mantener reuniones o cualquier otro contacto con grupos de interés que no estén inscritos en el nuevo registro estatal obligatorio de ‘lobbies’.

El decreto contempla únicamente una excepción para circunstancias excepcionales. En esos casos, los representantes del grupo no registrado podrán mantener el encuentro si se comprometen por escrito a solicitar su inscripción en un plazo máximo de tres días hábiles.

Además, el alto cargo deberá informar de esta situación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La transparencia también se extiende a las agendas de los responsables públicos. Los altos cargos tendrán que publicar en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado todas las reuniones y contactos mantenidos con grupos de interés, con un plazo máximo de un mes desde su celebración.

No publicar estos encuentros será considerado una infracción grave, mientras que hacerlo fuera de plazo constituirá una falta leve, sancionada con amonestación y la obligación de subsanar el incumplimiento.

Las empresas tendrán que identificar a los antiguos altos cargos

Las obligaciones no recaen únicamente sobre los responsables públicos. Las entidades que desarrollen actividades de influencia tendrán que informar de si cuentan entre su equipo con personas que hayan ocupado puestos de alto cargo durante los cinco años anteriores.

En ese caso deberán hacer públicos su nombre, el puesto que desempeñaron, la entidad de procedencia y las fechas de toma de posesión y cese.

El objetivo es aumentar la transparencia sobre los vínculos entre antiguos responsables de la Administración y las organizaciones privadas que buscan influir en las decisiones públicas.

Un registro obligatorio tras el bloqueo parlamentario

La creación del registro estatal llega después de que el proyecto de ley de ‘lobbies’ quedara encallado en el Congreso por la dificultad de alcanzar un acuerdo entre los grupos parlamentarios.

El Gobierno ha optado finalmente por trasladar buena parte de aquella regulación a un decreto ley. El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, dirigido por Óscar López, defendió que el texto recoge parte del trabajo realizado durante la tramitación parlamentaria.

«La regulación sustancial incluida en este Real Decreto-ley parte del trabajo realizado durante la tramitación del proyecto de ley de lobbies que se encuentra en el Congreso. Así, incorpora enmiendas presentadas por los grupos durante esa tramitación», explicó el Ministerio.

El registro tendrá carácter público y obligatorio y estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La norma establece además qué personas y entidades deben considerarse grupos de interés. La definición incluye a personas físicas y jurídicas y a agrupaciones sin personalidad jurídica, como plataformas, foros o redes, siempre que desarrollen actividades destinadas a influir sobre personal o cargos públicos.

Entre los posibles sujetos afectados se encuentran empresas, consultoras, despachos profesionales y ONG.

Quedan excluidas las Administraciones Públicas y las entidades de su sector público institucional, los organismos y organizaciones públicas internacionales y las autoridades extranjeras. También quedan fuera los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, así como los colegios profesionales y corporaciones de derecho público cuando ejerzan sus funciones públicas legalmente atribuidas. En cambio, las entidades creadas o financiadas por partidos políticos sí podrán ser consideradas grupos de interés.

Hasta 40.000 euros de multa

El decreto considera actividad de influencia cualquier comunicación directa o indirecta con personal o cargos públicos susceptible de incidir en decisiones públicas, políticas públicas o en la elaboración, modificación y aprobación de normas.

La regulación no se limita a los altos cargos. También afecta a empleados públicos con capacidad para intervenir en políticas públicas, procesos normativos o decisiones administrativas. Por primera vez, se incluye expresamente al personal de confianza, asesores y personal eventual.

Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas de hasta 40.000 euros. Además, podrá cancelarse la inscripción en el registro o prohibirse una nueva incorporación durante cinco años.

A todo ello se suma la prohibición durante dos años para los antiguos altos cargos de realizar actividades profesionales de influencia en las materias relacionadas con las competencias que tuvieron bajo su responsabilidad. El Gobierno refuerza así el control sobre las puertas giratorias y trata de garantizar una mayor separación entre las responsabilidades ejercidas desde la Administración y los intereses privados posteriores.