Sánchez a por Ayuso: paraliza su ley contra incendios, disturbios y ataques al patrimonio
El recurso presentado por el presidente del Gobierno suspende la norma que permitía a la Comunidad de Madrid ejercer la acción popular en causas penales especialmente graves
Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez
Pedro Sánchez ha vuelto a utilizar el Tribunal Constitucional para frenar una ley aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El BOE publica la admisión a trámite del recurso presentado por el presidente del Gobierno contra la norma que habilitaba a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en determinados procesos penales.
La decisión del Ejecutivo provoca la suspensión automática de toda la ley. Sánchez invocó el artículo 161.2 de la Constitución, un mecanismo que paraliza temporalmente las normas autonómicas recurridas hasta que el tribunal resuelva si mantiene o levanta esa suspensión.
Una ley contra incendios y desórdenes públicos graves
La norma madrileña permitía al Gobierno regional personarse en procedimientos relacionados con incendios forestales, delitos contra los recursos naturales, ataques al patrimonio histórico y desórdenes públicos de especial gravedad.
En concreto, la Comunidad podría ejercer la acción popular cuando los incendios o delitos medioambientales provocasen daños graves en los montes, la vida silvestre o la salud de las personas. También podría intervenir en causas por disturbios que impidieran o dificultaran gravemente la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas.
El tercer ámbito afectaba a los delitos especialmente graves cometidos contra bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. La ley pretendía que la Administración madrileña pudiera defender directamente esos intereses ante los tribunales.
El Gobierno bloquea toda la norma de Ayuso
El recurso fue presentado el 16 de julio de 2026 y admitido a trámite por el Pleno del Constitucional el pasado 8 de septiembre. Su publicación en el BOE extiende ahora los efectos de la suspensión frente a terceros.
El movimiento abre un nuevo frente institucional entre Sánchez y Ayuso. El Gobierno central no se limita a cuestionar uno de los apartados de la norma, sino que impugna la ley completa y consigue dejarla sin efecto de manera cautelar.
La decisión resulta especialmente polémica por el contenido de la legislación suspendida. Moncloa frena una herramienta con la que Madrid pretendía personarse en causas por incendios, disturbios violentos y ataques contra el patrimonio cultural.
Será el Constitucional el que determine finalmente si la Comunidad de Madrid tiene competencias para ejercer esa acción popular. Hasta entonces, el recurso de Sánchez consigue su primer objetivo: impedir que la ley de Ayuso pueda aplicarse.